Muy buen trabajo el que está desarrollando Elena Sanz en elConfindencial para explicar las consecuencias y soluciones al sobreendeudamiento de las familias. Este el nuevo artículo publicado hoy en el que colaboro en su redacción:

 

 

 

 

Dejar de pagar un préstamo al banco tiene importantes y, en ocasiones, dramáticas consecuencias sobre los bolsillos de los clientes. La crisis y el imparable aumento del desempleo han situado a numerosas familias españolas al borde de la insolvencia y ha llevado a muchas de ellas no solo a perder sus viviendas, por no poder pagar su hipoteca al banco, sino a seguir manteniendo importantes deudas con el mismo tras la subasta del inmueble.

En este contexto se ha abierto un debate sobre el papel dominante y de poder que juegan las entidades financieras en este tipo de situaciones. Clientes, abogados, políticos… acusan a los bancos de cobrar intereses de demora ‘abusivos’ y de adjudicarse inmuebles por el 60% de su valor de tasación, lo que en muchas ocasiones es insuficiente para que el prestatario salde sus deuda, hipotecando en muchas ocasiones de por vida a miles de familias.

“Estamos ante una auténtica esclavitud financiera que vincula al cliente de por vida a la entidad”, apuntan Elena Ordúñez y Marta Torres del despacho Legal & Media Advisers. Para José Martínez de Checa Abogados, «es un auténtico drama social ya que el ejecutado deberá responder con todos sus  bienes presentes y futuros».

Este tipo de situaciones pueden incluso generar un efecto perverso sobre el conjunto de la economía. Para el abogado Carlos Guerrero, socio responsable del bufete MAB Legal & Corporate, puede alimentar la economía sumergida. «Imagínate una persona que ha perdido su  casa y sigue debiendo dinero al banco. No sería de extrañar que buscara un trabajo en el que le paguen con dinero negro o que cree sociedades a nombre de sus hijos o de su mujer para desviar sus ingresos».

Para evitar precisamente esa esclavitud financiera, algunos partidos políticos, en plena campaña electoral se manifestaron a favor de la dación en pago, como el líder socialista, Alfreo Pérez Rubalcaba o la ejecución en pago, propuesta por CiU y el PP y que pretende que cuando el ciudadano ya se encuentre ya ante los tribunales a la espera de que subasten su vivienda, pueda paralizarse la suspensión de la ejecución hipotecaria si se produce una«insolvencia sobrevenida» con el juez como garantía o si los contratos contienen cláusulas abusivas, como estos intereses de demora o las polémicas cláusulas suelo.

Los expertos consultados por El Confidencial coinciden en señalar la existencia de un vacío legal en torno a estas cláusulas. “No existe una ley que establezca o fije límites a los intereses de demora”, explican Ordúñez y Torres. “Que estos sean declarados o no abusivos depende del juez. De hecho, algunos están actuando de oficio declarando nulas algunascláusulas considerarlas desproporcionadas, pero lo aconsejable sería que estuviera regulado por ley. Una de las vías es que el juez que actúe de oficio, lo que se lleva haciendo desde 2006. Están siendo los jueces los que, en base a otras normativas como la Ley de Consumidores y Usuarios de 2007, están fijando esos intereses de demora en torno al 8,5%, dos veces y medio el interés legal”.

Precisamente Pere Macías, portavoz de CiU en la Comisión de Vivienda en el Congreso de los Diputados, apuntaba a este diario que su partido va «a tramitar una reforma en la Ley del Consumo de Cataluña con la idea de acotar o limitar los intereses de demora a 2,5 veces el interés legal». De hecho, ha llegado a calificar de «auténtica barbaridad que las entidades estén cobrando intereses de demora cercanos al 30%.

Varios frentes judiciales abiertos

Sobre las cláusulas suelo y techo, los abogados son claros: «Son legales. La ley contempla su existencia. Otro tema es si éstas son abusivas o no, lo que deberán determinar los jueces». Por lo pronto, la balanza se ha inclinado a favor de la banca a tenor de las últimas sentencias si bien, los abogados recuerdan cómo “el ministerio fiscal está realizando una labor muy activa sobre las cláusulas abusivas. El problema es enfrentarse a los bancos pero lo que ha quedado claro es que es necesario que poner límites».

Otro de los frentes judiciales abiertos contra las entidades financieras españolas son los llamados ‘swaps’ hipotecarios productos de intercambio de tipos de interés en las hipotecas. Según los datos recogidos por la Asociación de Usuarios Afectados por Permutas y Derivados Financieros (Asuapedefin) la banca suma más de 400 sentencias en su contra frente a 72 a favor.

Además, la asociación calcula que en España existen entre 200.000 y 400.000 particulares y minoristas con este tipo de productos financieros de intercambio de tipos de interés, ‘swaps’, permutas financieras o ‘clips’, entre otras denominaciones comerciales, vendidos antes del estallido de la crisis en septiembre de 2008.

¿Cómo evitar la esclavitud de la banca?

Para José Martínez, para evitar esas situaciones de esclavitud financiera “es necesaria una reforma legislativa que regule, entre otros aspectos la moratoria hipotecaria”. Algo que también impulsan desde CiU y que implica que se establezca un plazo –uno, dos años…- en los que el cliente sólo haga frente al pago de intereses. “Hasta ahora, en algunos casos se está llegando a acuerdos con las entidades. Se paga sólo intereses y se aplaza el principal durante uno o dos años. Pero el problema de fondo es que nos encontramos ante situaciones de insolvencia reales”, apunta Martínez.

Otros, como Carlos Guerrero apoya incluso la posibilidad de que una persona se declare en concurso de acreedores. En estos casos, sólo viables cuando hay más de un acreedor -una hipoteca y uno o más préstamos al consumo, el concurso permite al deudor ganar tiempo ya que, al paralizar el pago de los préstamos personales puede seguir pagando la hipoteca y no poder la vivienda.

Entre las soluciones propuestas por Santiago Viciano, socio del despacho de abogados Viciano y Álvaro / V Abogados, se encuentra la necesidad de moderar los honorarios que abogados y procuradores cobran en los procesos de ejecución hipotecaria. «Sobre un principal de 100.000 euros, los primeros oscilan entre los 10.000 euros y los segundos, entre 1.500 y 2.000 euros».

Asimismo, considera necesaria y obligatoria la rebaja de los intereses de demora hasta un máximo de un 15% anual frente al 25% y al 30% que cobran en la actualidad, de media, las entidades Otra medida, afectaría a las subastas judiciales. «Cuando éstas queden desiertas y el banco se adjudique el inmueble, en lugar de hacerlo por el 60% o el 50%, debería incrementarse este porcentaje hasta el 75%».

 

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Written by carlos guerrero

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