La ley concursal está de moda. Estoy convencido que es la herramienta más adecuada para reflotar una empresa en el momento crítico en el que nos encontramos actualmente. Estos últimos años, debido a que la crisis todavía no era tan virulenta, los acuerdos extrajudiciales eran la mejor opción (refinanciaciones de deuda), pero en mi opinión, el deterioro es tal, que ahora la única manera de poder reflotar una compañía pasa por la asunción de quitas por parte de los acreedores y eso solamente se aceptará si la empresa negocia bajo el paraguas del procedimiento concursal.

 

Estos últimos días se están publicando noticias de quiebras de empresas que ejemplifican la dimensión de problema que estamos intentando reconducir. Principalmente me han llamado la atención la bancarrota de la aerolínea American Airlines. Según el diario Expansión, «se ha declarado en bancarrota para renegociar los costes laborales del grupo y volver a ser rentable. Sus acciones se derrumban casi un 80% en bolsa. La aerolínea, que ha asegurado que continuará funcionando con normalidad, contaba con 4.100 millones de dólares en caja en el momento de acogerse al capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos».

 

Supongo que los administradores de esta empresa han considerado que la herramienta más idónea para reestructurar la deuda, así como los costes fijos que la ahogaban es la Ley de Quiebras de su país. No es una «empresilla» es un gigante.


Por otro lado y ahora con una empresario o profesional más cercano, os adelanto el quinto concurso de acreedores de un Notario en España, (entre Farmacias, Notarios, ya solo falta ver a Registradores para comprobar que que ya no vale decir, «pues yo no noto la crisis, a mi me va bien»).

Según el comercio.es, «Ángel Luis Torres Serrano ha presentado concurso de acreedores para su notaría de la Plaza del Seis de Agosto en el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón. Se trata del primer caso de insolvencia de un fedatario público en Asturias y el quinto procedimiento de estas características que se tramita en toda España, donde están registrados 3.000 notarios.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) aseguraron a EL COMERCIO que el concurso de acreedores del notario afincado en Gijón se encuentra en un paso intermedio entre la solicitud propiamente dicha y la declaración mediante auto judicial. Esto es así porque el titular del juzgado, el juez Francisco José Pañeda Usunáriz, ha requerido a Ángel Torres una ampliación y aclaración de información sobre su petición inicial para acreditar que el despacho de notaría cumple los requisitos para acogerse a la Ley Concursal. Esas mismas fuentes judiciales indicaron que la solicitud, propia de situaciones económicas empresariales críticas, se ha cursado «a voluntad propia».
Para poder ser declarado concursado por un juez, el solicitante debe justificar un verdadero estado de insolvencia. Las ventajas para el acreedor son principalmente la paralización de ejecuciones judiciales relacionadas con préstamos monetarios y contra bienes y activos del concursado, la suspensión de intereses generados por créditos y la posibilidad de lograr un convenio a través el Juzgado Mercantil por el que quedan reducidas las deudas o aplazadas en el tiempo.
El primer concurso de acreedores de una notaría asturiana se conoce en un momento en que la mayoría de los fedatarios públicos de la región -73 actualmente en ejercicio- reconocen estar en pérdidas por la fuerte caída de los ingresos procedentes de créditos hipotecarios y compraventas inmobiliarias.
La notaría de Ángel Torres llegó a ser una de las mayores de Asturias en la época del ‘boom’ inmobiliario, con 20 empleados y 6.000 protocolos notariales al año. En 2008 el despacho de la plaza del Seis de Agosto fue objeto de una investigación policial por el desfalco de más de 600.000 euros. Dos exempleados suyos, el encargado de la custodia del dinero que pasaba por el despacho y una subordinada, fueron despedidos por su supuesta participación en los hechos delictivos. La fiscalía pide ahora para cada uno de ellos cuatro años de cárcel por apropiación indebida durante varios años y una fuerte indemnización para el titular de la notaría desfalcado. La desaparición del dinero se destapó a raíz de una auditoría externa que encargó el notario, tras haberse percatado de que algo no cuadraba.»

Comparte este post en:

¿Tienes alguna duda? Envíanos un correo y contactaremos contigo de inmediato. Consulta aquí

Written by carlos guerrero

2 Comments

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*