El gobierno, tal y como se comprometió en su programa, comienza a mover ficha en la relación al sobreendeudamiento de las familias españolas. Antes de comentar la noticia de hoy sobre la proposición del gobierno, hemos de matizar que todavía faltan muchos datos para poder valorar la propuesta del gobierno, que no se sabe muy bien si es una recomendación los bancos (código de buenas prácticas) o realmente se va a legislar sobre la materia.

 

 


 

 

 

 

 

 

En mi opinión solamente hay una manera de legislar sobre la insolvencia de las personas físicas y pasa por la creación de un procedimiento especial para el sobreendeudamiento para particulares en el procedimiento concursal.

En los próximos días veremos si el gobierno decide legislar conforme a las recomendaciones que está recibiendo de la Unión Europea para que un ciudadano europeo tenga los mismos derechos sobre tratamiento de la insolvencia en cualquier Estado miembro, ya que es inaceptable que un francés pueda acogerse a un procedimiento para la liberación y extinción de sus deudas y comenzar de nuevo desde cero, y en cambio un español mantenga sus deudas toda su vida.

La reforma que ha avanzado el gobierno, discrimina y se olvida de de la mayoría de las familias con dificultades y de los emprendedores que arrastran deudas que avalaban en sus empresas. Por la información que se dispone, se trata de liberar deudas de una familia con vivienda a la que no puede hacer frente a su hipoteca. Con la reforma, podría comenzar de nuevo sin deudas después de la ejecución o liquidación de su vivienda (con una entrega del bien al banco o en subasta).

Este caso se regula de manera similar en el derecho concursal francés y sería un «nuevo comienzo» (fresh start) para la familia deudora. Lo que ocurre es nos olvidamos de:

la familia que ya ha sido ejecutada estos años y se ha quedado sin vivienda y con deudas impagables para toda su vida, también nos olvidamos de los emprendedores que han asumido deudas de sus empresas y ahora están arruinados, nos olvidamos de las familias que pueden pagar su hipoteca o alquiler, pero necesitan un plan de pagos que sea impuesto por el juez a los acreedores, etc..

En definitiva, España se merece una ley sobre el sobreendeudamiento de familias y emprendedores,  como las de Francia y Alemania y no «parches», que aunque son un paso importante, se olvida injustamente de cientos de miles de familias que cada día están más desesperadas y desamparadas.

 

Noticia de hoy, en El País:

 

El Gobierno ha salido al paso del escándalo social que están provocando los desahucios de familias sin recursos por el impago de las hipotecas, que ya cuenta con más de 150.000 afectados.

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha presentado en el Congreso las líneas maestras de un acuerdo que negocia con la bancaentre las que existen recomendaciones al sector -que se incluirán en un futuro código de buenas prácticas- y medidas legales.

Entre las peticiones están que se retrase dos años el desalojo de las familias sin ingresos, que se admita la dación en pago –el canje de la hipoteca con la entrega del inmueble- “para quienes la vivienda sea su único bien en propiedad» y para quienes “exigirles algo más allá es excesivo”, dijo Guindos. El ministro también avanzó que propondrá que las cuotas pagadas reduzcan el capital pendiente y no los intereses.

En cuanto a los cambios legales, Guindos adelantó que la reforma que se llevará a cabo supondrá la reducción de los intereses moratorios, ya “que son claramente excesivos”, justificó. Por otra parte, para incentivar la adopción del código por parte de las entidades, el Ministerio deEconomía está abierto a la posibilidad de incluir como gasto fiscalmente deducible las pérdidas en que hubiesen incurrido. (los intereses de demora, son totalmente abusivos y reducirlos a la mínima expresión en las ejecuciones hipotecarias sería un acierto).

El Gobierno hizo esta declaración de intenciones en su respuesta a una pregunta del diputado Joan Coscubiela, de Iniciativa per Catalunya Verds, que pidió “medidas concretas para acabar con el abuso de las entidades financieras”, después de que el problema de los desahucios llevara dos años en el Congreso sin que la Comisión correspondiente hubiera tomado medidas efectivas. Guindos no se comprometió a una fecha de implantación porque el problema se está tratando entre su ministerio y el de Justicia, bajo la supervisión de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Los bancos y las cajas se han mostrado en contra de la dación en pago y del cambio del marco hipotecario, sobre todo si tiene efectos retroactivos. Lo anunciado por Guindos solo tendría el efecto del menor cobro de intereses en caso de desahucio, por lo que el efecto no sería económicamente relevante para la banca.

El colectivo al que van dirigidas estas propuestas son: propietarios de la primera vivienda con todos los miembros de la familia en paro y que no tengan rentas adicionales o que sean insuficientes para hacer frente a la deuda.

En cuanto a las recomendaciones, el código de buenas prácticas incluye la dación de la vivienda en pago “con efecto liberatorio de la deuda. Es una medida de excepción, pero para los que la vivienda es el único activo que tienen, es excesivo pedirles más”, comentó.

Se pedirá que la banca cuente con una “carencia en el desalojo de dos años. Si perder el empleo es situación tremenda, quedarse sin vivienda cuando se está en el paro es una situación límite”, dijo Guindos. Incluso recomendará al sector que pasados los dos años, el propietario pueda seguir en el piso pagando un alquiler. No obstante, Economía está lejos de generalizar la dación “porque tiene el riesgo de reducción de los plazos de amortización, disminuir el importe de crédito, subir los tipos y, en definitiva, elevar la exclusión del crédito”.

El Ejecutivo modificará la ley para reducir “los intereses moratorios abusivos” de los créditos

El código incluye la petición de que lo pagado se descuente del capital pendiente y no dispare los intereses. “En procesos de ejecución de personas en el umbral de la pobreza, queremos que se considerara que el pago del capital sea proporcional al número de cuotas abonadas o que se redujera el capital en la misma proporción”. Se trataría de que los intereses pendientes sean menores. Además, negociará la reducción de los gastos generados en el proceso judicial.

Lo más llamativo de la posición del ministro ha sido que ha pedido expresamente a las entidades “que asuman parte del riesgo” cuando el valor del piso no cubra la deuda. “Debe haber algún mecanismo de coparticipación en el que la entidad corrija el error o la situación de no buena voluntad, por la que se ha hecho una deficiente tasación”, afirmo. Esta es una de las reivindicaciones más frecuentes: si los bancos tasaron excesivamente alta la casa no pueden ser los clientes los únicos que paguen su depreciación a la hora de devolver el crédito pendiente. El responsable de Economía habló de actitudes “no dirigentes” de la banca.

En un primer análisis, las propuestas de Economía no van contra la línea principal de la banca que pedía que no se cambiaran las normas hipotecarias. La patronal bancaria se ha mostrado a favor de medidas “voluntarias por razones humanitarias”, que es lo que son las recomendaciones del código de buenas conductas.

Algunos bancos procedentes de cajas de ahorros estudian dedicar parte de la obra social a atender los préstamos de familias desahuciadas. Para la banca, el desahucio acarrea problemas por la mala imagen que conlleva y la proliferación de gastos que supone. Por eso, a veces negocio con los clientes para que sigan viviendo en sus pisos “mantengan su valor ya que no acabarán destrozados u ocupados por terceros”. Guindos concluyó que “si se generalizan estas propuestas, tendrá efectos importantes” y “protegerán a un segmento de la población que se encuentra en un momento muy muy difícil”. Ahora falta conocer la reacción voluntaria de las entidades.

Desde la oposición, Coscubiela criticó que el impacto de la medida será muy restringido, ya que se establecen «muchas condiciones» para entrar dentro de este umbral de exclusión que aún no está definidido. También, tras advertir de que el «código de buenas prácticas y banca suena a oxímoron», ha propuesto que quien «cobre el 10% del presidente de la entidad» que le ha concedido la hipoteca entre en este colectivo.

 

 

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Written by carlos guerrero

2 Comments

Alonso Hurtado Bueno

Hola Carlos,

Interesante entrada e interesante planteamiento el que realizas en relación al concepto de «fresh start»

Consideras posible que se llegara a plantear, en caso de la aprobación de normativa con rango legal en este sentido, la posibilidad de la retroactividad de la normativa? en su caso, ¿de forma generalizada o para casos muy concretos? ¿con algún tipo de limitación en cantidad y tipos de deudas o de forma general?

Un abrazo y gracias por tan interesantes entradas

Reply
carlos guerrero

Hola Alonso!

Gracias a ti por leerme.

Cualquier modificación concursal es con carácter retroactivo. La nueva reforma que entró en vigor el día 1 de enero de 2012, se aplicó desde el primer día para todos los concursos en curso y los nuevos que se han presentado. Pero la cuestión es que cualquier personas con deudas de hace años, podría solicitar concurso con aplicación de la reforma que se apruebe.
En mi opinión, acabará regulándose tarde o temprano, por imposición de la UE, y será una mezcla de la ley Alemana, la francesa e incluso parte de la de EEUU.

Un abrazo

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