Más apoyos para intentar cambiar las cosas. Estas manifestaciones son muy importantes para que la opinión pública y los medios mantengan vivo el debate y se regule de una vez por todas un procedimiento especial para el sobreendeudamiento de particulares y el tratamiento de la insolvencia de familias.

 

 


 

 

 

«El fiscal del Tribunal Supremo Carlos Castresana ha instado a tomar medidas para acabar con el elevado número de ejecuciones hipotecarias y ha defendido fórmulas como la de la dación en pago, moratorias o que el Estado, como ha hecho con los bancos, acuda al rescate de las familias.

 

Según Castresana, en los últimos años se han disparado al no poder pagar muchas familias la hipoteca y de esta forma se han quedado sin casa y con deudas.

A esta situación se ha llegado porque se equivocaron tanto las familias como los bancos, aunque a la hora de abordar la solución exclusivamente a través de las ejecuciones hipotecarias se da una «desigualdad sangrante». Por eso, ha propuesto opciones para que los impagos de hipoteca no supongan a la vez el desahucio y el mantenimiento de la deuda.


El fiscal del Tribunal Supremo ha remarcado que un contrato es ley entre las partes, pero siempre que las condiciones se mantengan, por lo que considera que los contratos hipotecarios se podrían renegociar porque las condiciones en las que se firmaron han cambiado de forma sustancial, de forma que se podrían establecer moratorias para diferir en el tiempo los pagos pendientes.

Otra propuesta que ha planteado es la dación en pago, para que las pérdidas sean asumidas igualmente por las familias (que se quedarían sin casa) y los bancos (que se quedarían sin el dinero pendiente de pagar).

También ha propuesto que el Estado, al igual que ha hecho con el sector bancario, acuda al rescate de las familias que no pueden pagar la hipoteca, de forma que asuma ante las entidades financieras las deudas pendientes, que los afectados tendrían que devolver al erario público con el paso de los años.

Castresana ha subrayado que conviene que los ciudadanos se movilicen para defender estos derechos sociales utilizando los instrumentos del Estado de Derecho.» EL Economista.com.

 

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Written by carlos guerrero

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