Según el diario la Razón, en el nuevo real decreto que mañana aprobará el gobierno «se ha entendido como «dación en pago»: familias sin renta, con una sola vivienda, única y habitual, y ésta, además, no debe de haber costado en el mercado más de 150.000 euros. El Gobierno baraja una horquilla límite entre los 150.000-130.000 euros». 

 

 

 

 


 

 

 

El texto que irá al Consejo de Ministros habilitará la posibilidad de que las familias en riesgo de ser desahuciadas puedan entablar una negociación con los bancos para aligerar el peso de la hipoteca, bien mediante una quita o eliminando intereses, y para ampliar el plazo de ejecución. Además, abrirá la puerta a la entrega de la vivienda para saldar la deuda, con la posibilidad de que las familias puedan permanecer en ella durante dos años después de alcanzar el acuerdo con el banco. 

El Real Decreto incorporará el código ético anunciado por De Guindos a finales de febrero, y en el que, según precisó el ministro, irán medidas normativas dirigidas a agilizar los procesos de ejecución, para reducir la deuda pendiente o para que los inmuebles mantengan el más alto importe.

Este código de buenas prácticas se registrará, por tanto, en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque respete la autonomía de las entidades para decidir si se someten o no al mismo. Los bancos y cajas serán libres de firmarlo, si bien el Gobierno cree que lo harán para evitar el coste en su imagen de dar la espalda a una demanda social, la de las ejecuciones hipotecarias, que constituye una de las caras más visibles y más impactantes de la crisis inmobiliaria. El BBVA fue uno de los primeros que anunció que se someterá al nuevo código.

De Guindos lleva tiempo reclamado a la banca una mayor implicación en el coste social de la crisis y en las consecuencias del pinchazo del «boom» inmobiliario. El ministro cree, por ejemplo, que las entidades financieras deben asumir una parte del riesgo derivado de la diferencia de la tasación y en la pérdida de precio que ha sufrido el inmueble. Y a cambio el Gobierno les ofrece estímulos fiscales, en este caso por renunciar a su derecho a actuar contra el prestatario en tanto no esté totalmente satisfecha la deuda contraída, es decir, el principal y los intereses.»

 

No disponemos de más información en estos momentos, por tanto no podemos analizar con profundidad este nuevo real decreto que se prevé aprobar mañana viernes.

En todo caso, con la información filtrada hasta la fecha, la reforma es totalmente insuficiente, porque dependiendo de los requisitos que exijan, probablemente no se puedan acoger muchas familias, ya sea por valor de la vivienda, requisitos de empleo, etc.

No se entiende que fecha de hoy, todavía no se haya regulado un procedimiento especial de sobreendeudamiento del particular, y se siga legislando a base de «parches» jurídicos.

No es admisible que familias con ingresos, pero con graves tensiones de tesorería no puedan acogerse a un procedimiento de mediación financiera para conseguir un acuerdo de quitas, esperas, moratorias y otro tipo de acuerdos que sí se permiten con deudores personas jurídicas.

En fin, veremos lo que sucede mañana.

 

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Written by carlos guerrero

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