El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha admitido la personación de unos 300 clientes de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) como acusación particular dentro de la causa que investiga las presuntas irregularidades cometidas en la caja, según la providencia dictada el pasado 7 de marzo, en el procedimiento de diligencias previas iniciadas en noviembre de 2011.

 

 


 

 

 

La planificación sistemática y el diseño previo de captación de ahorros de minoristas por parte de los bancos, mediante productos financieros de alto riesgo como las preferentes, cuotas participativas y deuda subordinada  como es en este caso, es una de las acusaciones generalizada que comienzan a barajarse para poder llegar a entender el engaño masivo por parte de toda la banca española.

«En la querella se acusa a los antiguos gestores de la CAM de estafar a más de 55.000 clientes con una venta «planificada y sistemática» de estos productos utilizando la información «falsa».

Los clientes mantienen que la caja les aseguró que «podían retirar sus inversiones en todo momento» y que comunicó haber obtenido beneficios cuando al cierre de 2011 registró unas pérdidas de 2.700 millones de euros. El Banco de España intervino la CAM en julio de 2011 y destituyó a la cúpula de la caja por las presuntas irregularidades.

El pasado mes de diciembre, el Banco Sabadell se adjudicó la caja y el Fondo de Garantía de Depósitos inyectó 5.249 millones de euros, además de los cerca de 2.800 que aportó el Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenada (FROB).

La asociación Plataforma CAM, ha solicitado a la Audiencia Nacional que imponga una fianza de 4,42 millones de euros o decrete el embargo de bienes a los antiguos gestores de la caja alicantina para cubrir las pérdidas sufridas por los clientes o que decrete el embargo de bienes.

Los querellantes piden la declaración como imputados de una decena de antiguos gestores, entre ellos, la última directora general de la CAM, María Dolores Amorós, a su antecesor en el cargo, Roberto López Abad, y del expresidente de la caja alicantina Modesto Crespo. EUROPA PRESS.

En mi opinión, las irregularidades contables son generalizadas en las entidades financieras. No es creíble que un trimestre tengas beneficios respetables y posteriormente, en unos días, el Banco de España intervenga y de los beneficios pasamos a elevadísimas pérdidas. Y aun a sabiendas que la entidad se encontraba en pérdidas o eran evidentes en los próximos trimestres, decidieron comercializar, por ejemplo preferentes, que sin beneficios los clientes no cobrarían intereses.

Veremos en los próximos meses si más consejos de administración tienen que acudir a declarar al Juzgado.

 

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Written by carlos guerrero

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