Podemos distinguir dos tipos de refinanciación tras la reforma de la ley concursal operada por la L38/2011:

 

1.- Acuerdos con homologación concursal.

2.- Acuerdos que carecen de ella.

 


 

 

 

Es importante remarcar que la opción de escoger una u otra por parte del deudor es voluntaria. 

 

La opción de escoger la segunda de las opciones ya viene determinada por el propio artículo 5 bis (comunicación de inicio de negociaciones con los acreedores) que no impone ninguna obligación de forma y contenido al acuerdo que el deudor consiga. Si lo alcanza, simplemente tiene que solicitar el archivo del 5 bis.

Estos acuerdos que consiga el deudor y que remuevan su estado de insolvencia podrán ser objeto de una rescisión concursal si se declara concurso en los dos años siguientes, al no respetar las exigencias del artículo 71.6 de la Ley concursal y la Disposición adicional 4ª de la misma.

 

¿En qué consisten estos acuerdos?

 

Normalmente, en estos acuerdos de refinanciación que no cumplen con los requisitos antes señalados, lo que el deudor busca es un acuerdo global con todos los acreedores que salve la situación de insolvencia de la sociedad:

Se procura ampliar el crédito, carencias y adjudicaciones de activos no estratégicos con las entidades financieras. 

– Se buscan acuerdos de ampliación del plazo para pagar deuda con administraciones públicas.

– Quitas y esperas con proveedores no estratégicos de la sociedad.

Estos acuerdos, suelen hacerse de manera independiente con cada grupo de acreedores y el deudor tiene que tener controlados a todos o casi todos los acreedores para evitar ejecuciones singulares, apremios o el concurso necesario.

Si el deudor pretende asegurarse que ningún acreedor ejecute su crédito, deberá presentar concurso y convertir el acuerdo preconcursal en una propuesta de convenio anticipada (PAC), ya que el cumplimiento del artículo 71.6 LC y la homologación judicial de ese acuerdo, solamente tendrá como consecuencia el blindaje de acciones rescisorias y la posibilidad de paralizar durante 3 años las ejecuciones de entidades financieras que no hayan apoyado el acuerdo y que no sean acreedores con garantía real.

 

 

 

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Written by carlos guerrero

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