Como ya se preveía, el gobierno ha hecho el ridículo con la aprobación del Código de Buenas Prácticas.

 

Ya era de extrañar que los bancos acudiesen en masa a suscribir semejante panfleto. Según Europa Press, el 90 % de los desahuciados no puede acogerse a la dación en pago recogida en el real decreto. Yo me atrevería decir que ni el 99 % cumple los leoninos requisitos que se requieren. Y por otro lado, seguimos insistiendo en que las entidades financieras cada día refinancian menos a las familias llevando a la insolvencia definitiva a la mayoría de los acreedores, que no le queda otra que dejar de pagar o presentar concurso de acreedores.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Estos son algunos de los extractos de la noticia:
«El 90% de los afectados por desahucio no pueden acogerse a la dación en pago contemplada en el código de buenas prácticas del decreto ley de protección de deudores hipotecarios sin recursos que aprobó el Consejo de Ministros el pasado mes de marzo.

En concreto, esta dación en pago se permite a las familias en paro con viviendas por valor de hasta 200.000 euros en ciudades de más de un millón de habitantes, y de hasta 180.000 euros en núcleos de población de más de medio millón de habitantes. El umbral se fija en un valor máximo de 150.000 euros en las poblaciones de más de 100.000 personas y de hasta 120.000 euros en las de menos de esta densidad.

Además, el código contempla otros requisitos como la ausencia de avalistas, algo muy poco común en los casos de los afectados, motivos por los que Colau ha considerado que esta ILP (iniciativa legislativa popular para obtener firmas y modificar la ley) está «más cargada de razones que nunca».

Por su parte, la portavoz de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-España), Gema Gallardo, ha destacado que entre 2007 y un 2011 se produjeron casi 350.000 ejecuciones hipotecarias en toda España, siendo Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana las regiones con mayor número de procesos.
Del mismo modo, representantes de UGT y CC.OO. han respaldado la ILP, al considerar que todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a una vivienda digna, y responsabilizando a la banca y a la especulación inmobiliaria de la situación actual.

«El Banco de España tiene que asumir que ha hecho dejación de sus responsabilidades, que no es otra que la supervisión de la banca», ha destacado la secretaria de Política Social de UGT, Carmen López, para después estimar que la iniciativa alcanzará los 5 millones de firmas».

 

 

 

 

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Written by carlos guerrero

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