La revista «Abogados«, que podéis consultar en la web abogados.es, publica un artículo muy recomendable del Magistrado José María Fernández Seijo, «La aparente rigidez del procedimiento hipotecario».

En este artículo, el autor hace referencia a la cuestión prejudicial que él mismo ha solciitado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación al injusto procedimiento de ejecución hipotecaria español.

En esta entrada voy a resumir las cuestiones que ha planteado el magistrado al tribunal europeo para que se pronuncie si el procedimiento de ejecución hipotecaria español respeta los parámetros mínimos exigidos para la tutela de consumidores y usuarios en el ámbito comunitario y valore si el sistema de ejecución hipotecario español es respetuoso de los derechos de los consumidores.

Según afirma el magistrado en su artículo, «No se ha dictado todavía sentencia pero lo cierto es que la Comisión Europea en su informe de febrero de 2012 advierte que la LEC puede no ser respetuosa con esos derechos si mantiene un sistema de oposición por cláusulas abusivas que sólo se puede activar una vez efectuado el lanzamiento al deudor; tampoco es respetuosa si los intereses moratorios que se pudieran aplicar al deudor fueran desproporcionados.

Llegados a este punto, y a la espera del pronunciamiento del Tribunal de Luxemburgo y el desarrollo práctico del RDL 6/2012, y la posible ampliación o modificación de los supuestos en los que se pueda aplicar, puede afirmarse que el procedimiento de ejecución hipotecaria español no debe ser considerado de un modo rígido e inquebrantable, que puede dar lugar a diversas lecturas y que debe buscarse una aplicación que sea acorde con las exigencias y necesidades de una realidad social extremadamente compleja.»

Estas son las dudas que se han planteado en la cuestión prejudicial C415/2011:

– El sistema de ejecución de títulos judiciales sobre bienes hipotecados o pignorados, establecido en el artículo 695 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento civil, con sus limitaciones en cuanto a los motivos de oposición previsto en el ordenamiento procesal español, no sería sino una limitación clara de la tutela del consumidor por cuanto supone formal y materialmente una clara obstaculización al consumidor para el ejercicio de acciones o recursos judiciales que garanticen una tutela efectiva de sus derechos. Se requiere al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que pueda dar contenido al concepto de desproporción en orden:

a) A la posibilidad de vencimiento anticipado en contratos proyectado[s] en un largo lapso de tiempo -en este caso 33 años- por incumplimientos en un período muy limitado y concreto;

b) La fijación de unos intereses de demora -en este caso superiores al 18%- que no coinciden con los criterios de determinación de los intereses moratorios en otros contratos que afectan a consumidores (créditos al consumo) y que en otros ámbitos de la contratación de consumidores se podrían entender abusivos y que, sin embargo, en la contratación inmobiliaria no disponen de un límite legal claro aún en los caso[s] en los que hayan de aplicarse no sólo a las cuotas vencidas, sino a la totalidad de las debidas por el vencimiento anticipado;

c) La fijación de mecanismos de liquidación y fijación de los intereses variables -tanto ordinarios como moratorios – realizados unilateralmente por el prestamista vinculados a la posibilidad de ejecución hipotecaria, no permiten al deudor ejecutado que articule su oposición a la cuantificación de la deuda en el propio procedimiento ejecutivo, remitiéndole a un procedimiento declarativo en el que cuando haya obtenido pronunciamiento definitivo la ejecución habrá concluido o, cuando menos, el deudor habrá perdido el bien hipotecado o dado en garantía, cuestión de especial trascendencia cuando el préstamo se solicita para adquirir una vivienda y la ejecución determina el desalojo del inmueble.

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Written by carlos guerrero

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