Por Madigan

El Diario expansión se hace eco hoy de las medidas adoptadas por Hacienda para favorecer su capacidad recaudatoria en las empresas inmersas en procedimientos concursales.

Hacienda está decidida a obtener la mayor recaudación posible de las empresas en concurso, en concreto a través del IVA, una medida que puede torpedear el camino de las empresas hacia el reflotamiento y conducirlas inevitablemente a la liquidación.


En el Anteproyecto de Ley de Medidas contra el fraude fiscal se han tomado dos medidas. En primer lugar, la nueva norma impedirá a las empresas en concurso solicitar aplazamientos o fraccionamientos de pago a la Agencia Tributaria.

El artículo 65 LGT declara aplazables las deudas tributarias que se encuentren en período voluntario o ejecutivo, previa solicitud del obligado tributario, cuando su situación económico-financiera le impida, de forma transitoria, efectuar el pago en los plazos establecidos. Únicamente no son aplazables las deudas correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor o el obligado a realizar ingresos a cuenta y  aquellas cuya exacción se realice por medio de efectos timbrados. En realidad, sólo son plenamente inaplazables las segundas, ya que las deudas correspondientes a retenciones podrán aplazarse o fraccionarse en los casos previstos en el artículo 82.2 b LGT, a saber:

  1. Cuando las deudas tributarias sean inferiores a 18.000 euros.

2. Cuando el obligado carezca de bienes suficientes para garantizar la deuda y la ejecución de su patrimonio pudiera afectar sustancialmente al mantenimiento de la capacidad productiva y del nivel de empleo de la actividad económica respectiva, o pudiera producir graves quebrantos para los intereses de la Hacienda Pública, en la forma prevista reglamentariamente.

Como veas, la nueva línea normativa rompe claramente con lo establecido hasta ahora. La empresa en concurso no podrá ya acceder al mecanismo del aplazamiento. Esta medida roza el afán recaudatorio pues, en cualquier caso, los aplazamientos únicamente se conceden si están suficientemente garantizados (salvo las deudas inferiores a 18.000 euros), lo que puede ocurrir perfectamente aunque la empresa esté en concurso.

En segundo lugar, Hacienda pretende modificar el momento en que se reinicia el plazo de prescripción fiscal interrumpido por la declaración de concurso para que coincida con el momento en que la Administración recupera sus facultades de autotutela ejecutiva. Es decir, la AEAT se asegura el cobro del IVA del periodo anterior a la declaración del concurso.

De tal modo, para favorecer la recaudación de los créditos tributarios que surgen después de la declaración de concurso (créditos contra la masa), se distinguirán en el IVA las operaciones realizadas antes y después del auto de declaración de concurso.

Se presentarán dos autoliquidaciones diferentes, para reflejar separadamente las cuotas soportadas antes y después de la declaración de concurso.

  • De este modo se limita la deducibilidad del IVA soportado con anterioridad al concurso.

Esta medida es un paso más al que ya dio Hacienda en la reforma de la Ley Concursal, en la que impide que la empresa integre en su masa activa el dinero que le ha sido ingresado como consecuencia de la transmisión de sus activos, y lo utilice para pagar otros créditos contra la masa anteriores, como las nóminas de los trabajadores devengadas después de la declaración del concurso, los suministros de bienes o servicios o los de particulares. En suma, el fisco pone difícil el reflotamiento de la empresa concursada.

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Written by carlos guerrero

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