Por Madigan

 

Como ya vimos en los posts anteriores (aquí y aquí), las entidades vinculadas están sometidas a unas obligaciones específicas de información reguladas en los artículos 18 a 20 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. A continuación analizaremos las consecuencias del incumplimiento de tales obligaciones, las cuales han sido agravadas tras la reforma efectuada por el Real Decreto Ley 6/2010.

 

 

 


 

 

 

 

En primer lugar, debemos recordar quiénes están exonerados de las obligaciones de documentación. Existen dos límites que eximen de esta obligación:

1.  Para las entidades cuya cifra de negocios del período impositivo sea inferior a 8 millones de euros (10 millones de para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2011), cuando el importe total de las operaciones vinculadas realizadas por ellas en el ejercicio no supere 100.000 euros de valor de mercado.

No obstante, deben documentarse en todo caso las operaciones realizadas con entidades vinculadas residentes en paraísos fiscales, salvo que residan en la Unión Europea y se acredite que las operaciones responden a motivos económicos válidos y que esas entidades realizan actividades económicas.

 

2. Para todo tipo de personas o entidades, cuando la contraprestación del conjunto de operaciones realizadas en el período impositivo con la misma persona o entidad vinculada no supere el importe de 250.000 € de valor de mercado, sin computar las operaciones específicas que se indican a continuación.

Deben documentarse en todo caso las siguientes operaciones (operaciones específicas):

1. Las realizadas con entidades residentes en paraísos fiscales, con la misma salvedad que en el caso anterior.

2.Las realizadas por contribuyentes del IRPF en el desarrollo de actividades económicas a las que resulte de aplicación el método de estimación objetiva con determinadas sociedades vinculadas.

3. Transmisión de negocios o valores o participaciones representativos de la participación en fondos propios no admitidos a negociación en mercados regulados de valores.

4. Transmisión de inmuebles o de operaciones sobre activos que tengan la consideración de intangibles.

 

Debemos recordar que:

1. Si no existe obligación de documentar una operación vinculada, nunca existirá obligación de declararla.

2. En algunos supuestos en los que sí existe la obligación de documentar la operación, tampoco es obligatorio informar de la misma en la declaración del Impuesto.

 

Para entenderlo mejor, analicemos el siguiente ejemplo. Supongamos una entidad, cuyo importe neto de cifra de negocios en el período impositivo es superior a 10 millones de euros, realiza operaciones vinculadas (no específicas) con otra entidad por valor de 300.000 euros (90.000 de un tipo de operación y método de valoración y 210.000 de otro tipo de operación y método de valoración distinto). Sus obligaciones de documentación y declaración serían las siguientes:

– Al superar el límite de 250.000 euros en operaciones vinculadas con la misma entidad, tendría obligación de documentar la totalidad de las operaciones.

– Sin embargo, con respecto a los 90.000 euros de un determinado tipo de operación, como no se supera el límite de los 100.000 euros establecido para la obligación de declarar, no habría obligación de declararlos.

 

– Respecto a los 210.000 euros del otro tipo de operación, al superarse el límite de los 100.000 euros establecido para la obligación de declarar, sí habría que informar en la declaración.

 

En cuanto a las consecuencias del incumplimiento de estas obligaciones de información, el artículo 16.10  del Texto Refundido considera tipo infractor, tanto no aportar o aportar de forma inexacta, falsa o incompleta la documentación, como que el valor de mercado que se deduzca de la documentación no sea el que se refleje en la declaración.

Las sanciones aplicables dependen de :

1) Si no procede realizar corrección valorativa por la Administración:

– 1.500 euros por dato omitido, falso o inexacto.

– 15.000 por conjunto de datos.

La definición de “dato” y “conjunto de datos” se contiene en los artículos 19.3 y 20.4 del RIS.

No obstante, tratándose de entidades cuyo INCN sea inferior a 10 millones de euros pero no estén exoneradas de la obligación de documentación por realizar operaciones vinculadas por un importe total superior a 100.000 euros, las sanción anterior tendrá como límite la menor de las dos cuantías siguientes:

  • El 10 % del importe conjunto de las operaciones vinculadas realizadas en el período impositivo
  • El 1 % del INCN.

 

  1. Si hay corrección valorativa la sanción es del 15% del importe de las cantidades que resulten de las correcciones valorativas de cada operación, con un mínimo del doble de la que procedería aplicando el apartado anterior. Esta sanción puede reducirse en caso de actas con acuerdo (reducción del 50%) o supuestos de conformidad (reducción del 30%).

Finalmente, destacar que si se ha cumplimentado correctamente la obligación de documentación y se ha declarado conforme al valor de mercado que resulte de la misma y, sin embargo, la Administración tributaria efectúa correcciones de valor (es la conocida como regularización sin sanción) no constituye infracción la falta de ingreso originada de dicha corrección, la obtención indebida de devoluciones tributarias ni el determinar o acreditar improcedentemente partidas a compensar en declaraciones futuras.

 

 

 

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Written by carlos guerrero

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