Ayer Domingo día 29 julio, se publicó en el diario el Mundo un artículo sobre la problemática de las preferentes, en el que Cristina Borrallo, abogada de MAB Legal & Corporate, colaboró aportando su experiencia en este tipo de procedimientos.

 

 

 

 

 

 

 

 

Este es el artículo:

Aún hay esperanzada. Después de conocerse las últimas sentencias favorables a dos clientes estafados por la adquisición de participaciones preferentes de Novagalicia Banco y BNP Paribas, el resto de afectados de éstas y otras entidades españolas,  aún ven una pequeña posibilidad de recuperar sus ahorros.

En la sentencia con BNP Paribas, el juez condenó a abonar 40.504 euros a una pensionista que adquirió preferentes en un banco islandés sin que le explicase correctamente el riesgo, pese a que la entidad alegó que sí fue <<perfectamente informada>> y que en la operación fue un mero intermediario.

En el caso de Novagalicia, el magistrado declaró nulo un contrato de compra de preferentes por el mismo motivo, por lo que deberá abonar 7.560 euros más los intereses.

La situación  de inestabilidad bancaria ha dejado indefensos a miles de clientes afectados que tratan de resolver este problema por la vía legal, ya sea de forma individual o colectiva. Desde el Colegio de Abogados recomiendan reclamar ante el servicio de atención al cliente del banco y ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), para después interponer una demanda civil de manera individual.

Esa es la vía que está dando mejor resultados. Así, el afectado presenta una demanda contra el banco para reclamar la anulación del contrato, ya que en muchos casos se ha incumplido la normativa europea al no realizar correctamente el test de conveniencia a sus clientes.  <<Este mecanismo es el más viable porque ofrece una mayor garantía al cliente y, a demás, es posible una revisión del caso por una segunda instancia>>, alegó la abogada Vanessa Vidal en el caso Novagalicia.

Cristina Borrallo, letrada del departamento jurídico de MAB Legal & Corporate, también aconseja este tipo de demanda, pues <<cada cao es muy diferente>>. Una opinión que comparte la asociación europea de inversores profesionales (Asinver), y en la que abunda Arcadi Sala, de BBS Abogados, quien añade que hay que acudir a un especialista <<porque la mala praxis bancaria no la puede llevar cualquiera>>.

Una vez iniciado el juicio, ya será responsabilidad del banco demostrar que la venta se ha realizado de forma legal. <<Los bancos pierden estas sentencias porque no entregan la documentación requerida >>, asegura Sala.  Además, afirma que se trata de productos de alto riesgo. << Es como si fuera dinamita, los bancos necesitaban dinero y los han vendido a niños pequeños >>.

La demanda colectiva  es otra alternativa que no todos comparten. <<No existen, se están haciendo experimentos, y el caso de las preferentes no es un tema para hacerlos>>, lamenta el letrado de BBS Abogados.

Sin embargo, agrupaciones como la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), que asesora a clientes en temas de banca, si abogan por este procedimiento. Recomiendan unificar los casos similares en una sola denuncia para evitar un <<colapso en los juzgados y ahorrar el dinero en abogados>>, confirma su presidente, Manuel Prados.

Esta plataforma, que ha interpuesto una demanda colectiva contra Bankia, Bankinter y CAM, ayuda actualmente a 12.000 afectados por preferentes. Además, Adicae ha denunciado el canje por acciones de estas dos últimas entidades porque, según Borrallo, <<en muchos casos supone presionar al cliente>> pues <<mucha gente prefería recibir algo que perderlo todo>>.

 

 

 

 

 

 

 

Otra opción es la demanda colectiva con intereses difusores. Este procedimiento lo realiza el fiscal y conlleva ciertos obstáculos. El tiempo para poder incorporarse a la demanda oscila entre los cinco y los ocho años, y luego se necesitan otros dos años más para lograr una resolución definitiva, según Luis Pineda, presidente de la Asociación de Usuarios d e Servicios Bancarios (Ausbanc).

La acción que evita la vía judicial es el arbitraje, una solución autorizada  por el Banco de España y la Unión Europea, y que Novagalicia ya ha puesto en marcha. Consiste en que los expedientes de los tenedores de preferentes, se remitan a un árbitro que decidirá quién cobra y quién no, siempre y cuando determine que no hay vicio en el consentimiento y en el contrato, tal y como aseguro a EL MUNDO en una entrevista el presidente de la entidad gallega, José María Castellanos. Sin embargo, este mecanismo no convence a asociaciones y colectivos de afectados, porque <<la imparcialidad de un juez de mayores garantías>>, afirma Sala. EL MUNDO.

 

 

 

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Written by carlos guerrero

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