Comenzamos una nueva serie de artículos relacionados con el área de práctica de Penal-Económico. Esta primera entrada corre a cargo de uno de nuestros letrados colaboradores en este área del derecho.

 

Por Luis Pérez, abogado de Esteban Abogados Penalistas.

 

 

En tiempos de crisis son muchas las empresas que se ven abocadas a una situación desesperada y en tiempos de crisis lamentablemente son muchas las empresas o personas que no pueden hacer frente a sus obligaciones económicas y se ven abocadas al concurso de acreedores, al cierre o bien a otras soluciones o situaciones. La mayoría de estos casos se resuelven de forma legal y ordenada, pero en otros, dicha liquidación societaria, de patrimonio, etc., se hace de forma irregular e incluso se puede incurrir en algún delito, uno de estos casos son los supuestos de alzamiento de bienes o de insolvencia punible, un caso, este último, que aquí vamos a analizar.

 

El caso que aquí nos ocupa es el de una empresa que entra en situación de insolvencia y que a consecuencia de la misma, los perjudicados por la misma, recurren a la vía penal para reclamar contra los responsables, los administradores de la misma al considerar que la misma se ha producido de forma punible y en consecuencia condenable.

Destáquese que evidentemente no todas las empresas, ni personas que entran en este tipo de situaciones de insolvencia están cometiendo un delito, al contrario, pues ni mucho menos es así, pero existen algunos casos, en los que ello sí es así, ¿y dónde está la diferencia? Pues a grandes rasgos y de modo coloquial bien podremos decir que en el dolo de la acción, en la mala fe, pero dicho de un modo más técnico y profundo se debe de expresar lo siguiente:

La insolvencia punible se encuentra tipificada en el Código Penal español resultando tipificada como un delito del orden socioeconómico, un delito en el que según el vigente artículo 257.1.1 del mencionado Código Penal incurrirá aquel que “…se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores” y “quien con el mismo fin, realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo o de apremio, judicial, extrajudicial o administrativo, iniciado o de previsible iniciación” (artículo 257.1.2 del Código Penal)

Así, bien podemos decir que en realidad, y aunque mucha gente no ducha en la materia quizá lo desconozca, el delito de alzamiento punible se encuentra insertado dentro del capítulo del código penal dedicado a las insolvencias punibles, concretamente el mismo se  encuentra reflejado en el artículo 257 que anteriormente hemos visto, es decir, la insolvencia punible y el alzamiento de bienes no son figuras deslindadas, sino que son figuras relacionadas la una con la otra, son figuras que una configura y da sentido a la otra.

Adentrándonos ahora en el caso que aquí nos ocupa veremos una causa en la que esa vinculación es total, a la vez que el deslinde completo, pues por ejemplo si nos referimos a ella (sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial de Zaragoza (Sección Sexta) de fecha 11 de mayo de 2011) vemos que la misma dicta una pena condenatoria por el delito de insolvencia punible pero a su vez absuelve a los mismos encausados del delito de alzamiento de bienes.

Pero lo realmente interesante de este caso lo encontramos en donde se encuentra la apreciación de si existe dolo en la acción juzgada  o bien si tan sólo se trata de una insolvencia circunstancial.

En el caso que aquí nos ocupa, ello se encuentra discutido en el Recurso de Casación 1307/2011 que resolvió el Tribunal Supremo:

Concretamente el recurrente  al amparo del art. 849.2 de la LECrim ( LEG 1882) , denuncia error de hecho en la valoración de la prueba estimando su defensa que no puede considerarse que existiese dolo en la insolvencia punible pues argumente que en ningún momento los acusados ocultaron sus acciones, y destaca que los importes que les adeudaban (que son los que por realizados de forma ilícita llevaron la causa al orden penal) figuraban debidamente inscritos en las cuentas públicas que han de incorporarse al Registro Mercantil y que las mismas eran conocidas por todos los socios dado que eran aprobadas por unanimidad. Reflejando además que en los informes de auditoria no existía salvedad alguna.

Al respecto el alto tribunal se pronunció indicando que el motivo no resulta viable ni debía prosperar dado que entiende que

“La doctrina de esta Sala -de la que las SSTS 1238/2009, 11 de diciembre ( RJ 2010) , 936/2006, 10 de octubre (RJ 2006) y 778/2007, 9 de octubre ( RJ 2007) , son elocuentes ejemplos-, viene exigiendo para su prosperabilidad la concurrencia de los siguientes elementos:

a) ha de fundarse, en una verdadera prueba documental, y no de otra clase, como las pruebas personales aunque estén documentadas en la causa;

b) ha de evidenciar el error de algún dato o elemento fáctico o material de la Sentencia de instancia, por su propio y literosuficiente poder demostrativo directo, es decir, sin precisar de la adición de ninguna otra prueba ni tener que recurrir a conjeturas o complejas argumentaciones;

c) que el dato que el documento acredite no se encuentre en contradicción con otros elementos de prueba, pues en esos casos no se trata de un problema de error sino de valoración, la cual corresponde al Tribunal ( art. 741LECrim );

d) que el dato contradictorio así acreditado documentalmente sea importante en cuanto tenga virtualidad para modificar alguno de los pronunciamientos del fallo, pues si afecta a elementos fácticos carentes de tal virtualidad el motivo no puede prosperar ya que, como reiteradamente tiene dicho esta Sala, el recurso se da contra el fallo y no contra los argumentos de hecho o de derecho que no tienen aptitud para modificarlo; e) asimismo han de citarse con toda precisión los documentos con designación expresa de aquellos particulares en los que se deduzca inequívocamente el error padecido y proponerse por el recurrente una nueva redacción del factum derivada del error de hecho denunciado en el motivo. Rectificación del factum que no es un fin en si mismo sino un hecho para crear una premisa distinta a la establecida”

Visto ello, el Alto Tribunal entiende que ninguno de los documentos que invoca el motivo recurrido encierra el valor de la autosuficiencia probatoria. Lo mismo estima el Alto Tribunal en lo relacionado con los informes de auditoria.

[audiotube url=»http://www.youtube.com/watch?v=_y54Sg7nNO8″ caption=»Gene Vincent.- Am i that easy to forget»]

Comparte este post en:

¿Tienes alguna duda? Envíanos un correo y contactaremos contigo de inmediato. Consulta aquí

Written by carlos guerrero

1 Comment

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*