Mi última colaboración con el Confindencial en el excelente artículo de Elena Sanz titulado, «España no es EEUU, la banca no pagará por sus abusos en las ejecuciones hipotecarias».

 

Por Elena Sanz

 

«Ni siquiera dos trabajos, uno de ellos como cocinera en un colegio, le han permitido hacer frente al pago de la hipoteca. Su marido apenas lleva dinero a casa desde que perdió su empleo hace unos meses. Acumulan ya un año de retrasos pero el pánico no entró en su vivienda hasta hace unas semanas, cuando las palabras “ejecución hipotecaria” aparecieron por primera vez en una carta del banco.

Su caso, a simple vista, podría ser el de cualquier matrimonio español. Sin embargo, es el de una pareja de Estados Unidos, un país en el que el 11% de los hipotecados –hay unos 5,3 millones de propietarios- acumula retrasos en sus pagos al banco.

 

 

 


 

 

 

 

 

A pesar de que el mercado inmobiliario estadounidense empieza a remontar el vuelo –los precios han comenzado a subir- y en España todavía queda una larga travesía por el desierto –con caídas adicionales que rondan el 20%-, ambos países se están enfrentando a una auténtica crisis hipotecaria con desenlaces muy diferentes, al menos en los tribunales.

A ambos países les estalló hace un lustro la crisis subprime, la de las hipotecas basura. A ambos lados del Atlántico se relajaron los estándares de calidad de los préstamos hipotecarios. La banca estadounidense concedió con demasiada alegría préstamos para comprar una vivienda a cientos de ciudadanos aún sabiendo que si las cosas se torcían, no podrían hacer frente a los pagos. 

Personas sin ingresos ni empleos fijos, sin propiedades –no income, no job, no assets-. Los llamados ninja. En España también. Además, se alargaron los plazos de las hipotecas hasta 40 años, se financió por encima del 100%… un cóctel explosivo que ha terminado por estallar con el fuerte aumento del paro y la caída en picado de los precios de la vivienda

De la crisis subprime a las ejecuciones hipotecarias

Los ninja fueron los primeros en caer. Pero la bola de nieve fue creciendo y arrastrando tras de sí a cientos de familias más. La crisis subprime daba paso a la de las ejecuciones hipotecarias. En España, la inmensa mayoría de los procesos judiciales siguen su curso en los tribunales y sólo unos pocos han podido acogerse a la moratoria de dos años aprobada por el Gobierno. Mientras, en Estados Unidos, ya han comenzado a depurarse responsabilidades dentro del sector financiero lo que, según los expertos consultados, difícilmente sucederá en España.

Bank of America ha sido multado por haberse saltado los estándares de calidad en la concesión de hipotecas y tendrá que pagar una fuerte multa por habérselascolocado a Fannie Mae. Además, la gran banca estadounidense -Citibank, Bank of America, JP Morgan Chase o Wells Fargo,entre otros- deberán desembolsar 8.500 millones de dólares por los abusos cometidos en los procesos de ejecución hipotecaria. Unos 3.300 millones irán directamente a los casi cuatro millones de personas qu efueron víctimas de sus prácticas abusivas y que perdieron sus casas entre 2009 y 2010: falsificaciones def irmas, papeles extraviados…

«Los bancos españoles no pagarán por sus errores»

Pero, ¿y en España? «Los hipotecados ya están pagando sus errores. Están perdiendo sus casas. ¿Y la banca, asumirá responsabilidades?», se preguntan los abogados consultados por El Confidencial.

«Me costaría mucho creer que una iniciativa que sentara en el banquillo a tanto preboste político, banqueros y presidentes de inmobiliarias, pudiera pasar los trámites del sobreseimiento y del acoso de la abogacía del Estado», responde Miguel Córdoba Bueno, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad San Pablo CEU.

No parece probable que la banca asuma sus errores. «En Estados Unidos se ha producido una colaboración muy estrecha entre las autoridades reguladoras y la administración de justicia para corroborar que realmente se vendieron hipotecas subprime y hubo irregularidades en los procesos de ejecución hipotecaria”, explica a Javier Sevillano, abogado experto en derecho bancario de Legal & Media. 

“Jamás veremos a las autoridades españolas, ni al Ministerio de Economía, ni al Banco de España iniciar acciones judiciales contra el sector financiero. Para que aquí sucediera como en Estados Unidos habría que demostrar ante los tribunales que los bancos engañaron o no informaron debidamente a sus clientes y eso es muy complicado, prácticamente imposible”, añade.

En su opinión, “sugerir que los bancos españoles actuaron en connivencia, de la mano, a pesar de que sabían que las hipotecas que concedían no cumplían con todas las garantías, sería como decir que los organismos reguladores no hicieron su trabajo. Se tendrían que denunciar a sí mismos. La diferencia entre Estados Unidos y España es que allí, en cuanto ha saltado el escándalo todos han colaborado, mientras que aquí unos y otros se echarían la culpa. Los bancos al Banco de España, éste a los consejos de administración de las entidades, y así sucesivamente. Al final, nadie tendría responsabilidad de nada”.

Jueces atados de pies y manos por la ley

Además, en España, según los abogados, existe otro obstáculo. las grandes diferencias entre el derecho anglosajón y el latino. “En España resultaría muy difícil probar que los bancos concedieron hipotecas a clientes que sabían que no podrían pagarlas. Esto no se ha denunciado colectiva ni individualmente. Algunos casos puntuales podrían salir adelante pero no con carácter general”, explica Sevillano.

Tal y como explican los abogados consultados, en el derecho anglosajón, los jueces tienen mayor margen de maniobra y mayor recorrido para otorgar justicia material e interpretar la ley. «El realizar una demanda general contra promotoras, entidades financieras y de tasación, es un hecho factible, pero la posibilidad de éxito es mucho mayor en Estados Unidos, donde el derecho se desarrolló mucho con la jurisprudencia y los jueces tienen mucha autonomía en sus decisiones. En España, y en mi opinión, hay una simbiosis demasiado profunda entre la oligarquía política, la oligarquía financiera y la oligarquía empresarial, como para que una iniciativa de este tipo no sea abortada incluso antes de su nacimiento», apunta Miguel Córdoba.

Además, las demandas colectivas cuentan con mayor tradición al otro lado del Atlántico. «Este tipo de demandas no son muy recurrentes en España. La legislación y jurisprudencia española en cuanto a responsabilidad civil es muy restrictiva», explica Carlos Guerrero, del despacho MAB Abogados. De hecho, tal y como apunta Santiago Viciano, del despacho V Abogados, en Estados Unidos «no están tan encorsetados por las leyes como en España donde las normas y los textos les impiden que decidan en ese sentido. El derecho anglosajón es más consuetudinario y permite a los jueces basar sus decisiones en casos precedentes”. 

Un ejemplo. Una pareja con hijos menores de edad se divorcia y se adjudica el uso de la vivienda a la madre que a su vez se ve inmersa en un proceso de desahucio. El juez podría proteger el uso de la vivienda por parte del menor hasta que éste alcance la mayoría de edad y sea económicamente independiente. Sería un caso puntual de justicia material, pero la ley, en sí misma, no contempla esta posibilidad.

Adelantarse a la ejecución hipotecaria

En la práctica actuar contra un procedimiento de ejecución hipotecaria es muy complicado. «En la mayoría de los casos es una batalla perdida ya que el procedimiento está muy regulado», comenta Elena Ordúñez, abogada de Legal& Media. En su opinión, «se ha centrado mucho la atención en esto cuando lo más importante es saber qué se puede hacer antes de llegar a esta situación. Hay que adelantarse». 

Y recuerda que “los tribunales ya están declarando ilegales algunas cláusulas de los contratos hipotecarios. La del redondeo al alza ya ha sido declarada nula por el Tribunal Supremo. El problema es que mucha gente se ve inmersa en un proceso de ejecución hipotecaria sin haber atacado previamente a la entidad financiera por las cláusulas abusivas de sus contratos».

“Muchas familias, parejas o particulares inmersos en uno de estos procedimientos dicen al juez que sus contratos contienen cláusulas abusivas sin saber que, el juez que lleva su caso no puede entrar a valorar las condiciones generales de la contratación”,concluye Viciano. 

Una situación, no obstante, podría cambiar si finalmente el Tribunal de Justicia Europeo acaba reconociendo la desprotección de los consumidores ante lascláusulas abusivas de las hipotecas y que el procedimiento de ejecución hipotecaria no se ajusta a la normativa europea. Si esto es así, «en los casos después de esa fecha, el afectado podría acudir a la justicia y pedir una reparación por incumplimiento de la norma comunitaria», concluye Guerrero.  El Confidencial.com

 

 

 

 

 

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Written by carlos guerrero

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