Tal y como publica hoy el diario el País, el próximo jueves «el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminará si el marco legal español es compatible con los derechos de los consumidores que consagra la Directiva europea 93/13/EEC.«

¿En qué puede favorecer esta sentencia a los ciudadanos que sufren ejecuciones hipotecarias?

En la posibilidad de paralizar la ejecución hipotecaria y en concreto por la ilegalidad del vencimiento anticipado, y en segundo lugar la posibilidad de oponerse a los intereses de demora abusivos de la ejecución hipotecaria con el objetivo de eliminar la deuda pendiente después de la subasta de la vivienda.


 

Éstas son algunas de las cuestiones planteadas al TJUE sobre el sistema hipotecario español, tal y como ya adelanté en este post:

«Cuestión prejudicial C415/2011:

– El sistema de ejecución de títulos judiciales sobre bienes hipotecados o pignorados, establecido en el artículo 695 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento civil, con suslimitaciones en cuanto a los motivos de oposición previsto en el ordenamiento procesal español, no sería sino una limitación clara de la tutela del consumidor por cuanto supone formal y materialmente una clara obstaculización al consumidor para el ejercicio de acciones o recursos judiciales que garanticen una tutela efectiva de sus derechos. Se requiere al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que pueda dar contenido al concepto de desproporciónen orden:

a) A la posibilidad de vencimiento anticipado en contratos proyectado[s] en un largo lapso de tiempo -en este caso 33 años- por incumplimientos en un período muy limitado y concreto;

b) La fijación de unos intereses de demora -en este caso superiores al 18%- que no coinciden con los criterios de determinación de los intereses moratorios en otros contratos que afectan a consumidores (créditos al consumo) y que en otros ámbitos de la contratación de consumidoresse podrían entender abusivos y que, sin embargo, en la contratación inmobiliaria no disponen de un límite legal claro aún en los caso[s] en los que hayan de aplicarse no sólo a las cuotas vencidas, sino a la totalidad de las debidas por el vencimiento anticipado;

c) La fijación de mecanismos de liquidación y fijación de los intereses variables -tanto ordinarios como moratorios – realizados unilateralmente por el prestamista vinculados a la posibilidad de ejecución hipotecaria, no permiten al deudor ejecutado que articule su oposición a la cuantificación de la deuda en el propio procedimiento ejecutivo, remitiéndole a un procedimiento declarativo en el que cuando haya obtenido pronunciamiento definitivo la ejecución habrá concluido o, cuando menos, el deudor habrá perdido el bien hipotecado o dado en garantía, cuestión de especial trascendencia cuando el préstamo se solicita para adquirir una vivienda y la ejecución determina el desalojo del inmueble.»

Tal y como se afirma en el artículo de El Pais, «La cuestión planteada por Fernández Seijo encontró buena entrada en instancias europeas. Tras una vista celebrada en septiembre, la abogada general Juliane Kokott emitió un informe crítico con el sistema españolque planteaba la incompatibilidad de cláusulas abusivas de los contratos con los derechos del consumidor. Las conclusiones del abogado o abogada general suelen ser refrendados por el Tribunal de Justicia en la mayoría de los casos, razón por la que fuentes cercanas al caso coinciden en señalar que un veredicto en contra de la legislación española es más que posible. De hecho, el Partido Popular, ante la posibilidad de una sentencia adversa, ha frenado en el Congreso tanto el decreto del Gobierno relativo a los desahucios como la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) sobre dación en pago.

Las implicaciones de una sentencia contraria al marco legal español serían varias. De entrada, los jueces pasarían a disponer de un instrumento para paralizar los desahucios en marcha. Podrían entrar a analizar si los contratos contienen cláusulas abusivas.

En cuanto a los desahucios ya producidos, los expertos señalan que el Tribunal de Justicia no se pronunciará sobre la retroactividad de la medida y que el pronunciamiento será más bien abstracto.

Pero Fernández Seijo concede que, si el dictamen europeo fuera favorable, algunas de las derivadas de esa decisión podrían desembocar en que los desahuciados podrían llegar a regresar a sus casas en el caso de que siguieran vacías; y podrían ser indemnizados si se demostrara que se produjo un perjuicio efectivo. La deuda, en cualquier caso, permanecería; aunque, reducida, si el dictamen coadyuvara a una reducción de los intereses de demora.

La decisión de Luxemburgo podría, en última instancia, forzar un cambio legislativo en la Ley Hipotecaria y en la Ley de Enjuiciamiento Civil, para armonizarlas con los derechos de los consumidores.» El Pais.

Los abogados ya estamos inundando los juzgados de oposiciones a las ejecuciones hipotecarias, oposiciones a las adjudicaciones de subasta por precio inferior a la deuda pendiente, intereses y costas y oposiciones a la continuación de la ejecución por la deuda pendiente después de la subasta.

Los bancos y sus abogados están indignados porque nos oponemos a todo. No estaban acostumbrados a esta nueva situación.

Hay que seguir peleando en los juzgados y fuera de ellos.

 

 

 

 

 

 

 

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Written by carlos guerrero

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