Si no teníamos suficientes responsabilidades los administradores de una sociedad, ahora también tenemos que lidiar con los delitos que comentan otros. Hoy escribe para el blog, Raúl Sánchez, abogado y criminólogo, que nos proporciona las claves de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y de sus administradores.

 

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Por Raúl Sánchez, Abogado y Criminólogo

Desde hace ya algún tiempo, lamentablemente, el Estado ha reconocido y asumido la imposibilidad de continuar ostentando, por sí solo, la posición de garante de la legalidad y la seguridad en los distintos ámbitos sociales. Por ello se han producido, y se están produciendo actualmente, reformas legales en virtud de las cuales el Estado delega parte de las funciones que tradicionalmente había asumido para consolidar un verdadero Estado social y democrático de derecho. Una muestra de ello sería el proyecto de reforma de la Ley de Seguridad Privada en la que se atribuye más importancia al personal de las empresas de seguridad, dotándoles, por ejemplo, de la condición de agentes de la autoridad, lo que tiene mucha relevancia, ya que se podrán derivar consecuencias penales, en determinadas circunstancias, ante la resistencia o desobediencia a uno de estos agentes.

Otro de los ámbitos en los que el Estado reconoce su imposibilidad para controlar con eficacia el cumplimiento de la legalidad es en el ámbito interno de cada organización empresarial. La sociedad está dotada de una estructura cada vez más compleja y dentro de la misma las empresas adquieren cada día más protagonismo.

Responsabilidad penal de las personas jurídicas 

Por dicha circunstancia en el año 2010 entró en vigor la última gran reforma del Código Penal de 1995 dentro de la cual se introdujo, por la puerta grande, la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Uno de los fundamentos de esta responsabilidad se encuentra en la omisión de la diligencia debida por parte de la empresa,  para asegurar el cumplimiento de la legalidad en  su seno. La regulación se completaba con penas adecuadas a la propia naturaleza de la sociedades mercantiles (multas pecuniarias, disolución, clausura de establecimientos…).Como consecuencia de este fundamento, se incluyó como circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, el que con carácter previo a la comisión del hecho delictivo dentro de la sociedad, ésta hubiera dispuesto los medio necesarios y adecuados para evitarlo. Esto se denomina Programas de prevención (“Corporate Compliance” en derecho anglosajón).

En otras palabras, si en el desarrollo de la actividad de la empresa algún empleado comete un delito actuando en su seno, reportando algún beneficio aún indirecto a ésta, la persona jurídica también será responsable salvo que pueda probar que ha adoptado y vigilado en su cumplimiento un programa de prevención adecuado.

Se cumplen tres años desde la entrada en vigor de esta reforma y la aplicación por parte de los órganos judiciales de estos nuevos preceptos ha sido escasa. Quizá esta situación cambie cuando entre en vigor la nueva reforma del Código Penal que se está tramitando en la Cortes Generales.

Responsabilidad penal del administrador si no se adopta un plan de prevención

Una de las preguntas más repetidas por los miembros de los órganos de administración, desde la inclusión en el Código Penal de la Responsabilidad penal de las personas jurídicas, es si su empresa tiene la obligación de adoptar uno de estos programas de prevención. La respuesta debe ser que aunque es altamente recomendable no existe precepto que obligue a ello. Sin embargo, si tenemos en cuenta el Proyecto de Reforma del Código Penal, ahora habría que añadir algo más.

Si el texto que se está tramitando entra en vigor, el propio administrador podrá ser  responsable penalmente si en su empresa no ha sido adoptado un plan de prevención adecuado y se inicia la comisión de una infracción penal. Las penas que se establecen son de prisión o de multa (al menos se establecen alternativamente para que el órgano judicial pueda optar por una u otra) y de inhabilitación especial para el ejercicio de industria o comercio de 6 meses a 2 años en todo caso.

En definitiva, la prisión se podrá eludir bien porque el juez opte por la imposición de multa, bien porque, cumpliéndose determinados requisitos, pueda ser  suspendida o sustituida por otra de distinta naturaleza, pero la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la profesión, durante un tiempo, resultará ineludible, lo que es mucho más gravoso, en muchos casos, que el pago de una multa.

La redacción del tipo es algo defectuosa ya que no se especifica que el tipo de delito que ha de cometerse en la empresa para que el administrador pueda ser responsable sea aquellos en los que la propia persona jurídica pueda ser condenada. Resulta obvio que si la actividad de la empresa son las transacciones económicas y se comete un delito de blanqueo de capitales por no haberse adoptado un adecuado plan de prevención respecto de esta materia, se derive responsabilidad al administrador por omisión.

Pero al no concretar nada en este sentido el nuevo precepto, ¿habrá de entenderse también que si en esa misma, empresa, carente de plan de prevención que pudiera haberlo evitado, se produce una agresión entre un empleado y un cliente o una grave discriminación por razón de sexo entre compañeros, se ha de derivar responsabilidad al administrador? El sentido común nos dice que no, entre otras razones porque no puede imponerse una obligación ilimitada para los administradores de aprobar planes de prevención en un número infinito de materias, para cubrir todos los riegos posibles. Nos encontramos en la tramitación  parlamentaria de la reforma por lo que veremos si este y otros puntos controvertidos se aprueban definitivamente con este texto o si deberá ser la interpretación y aplicación por los órganos judiciales la que delimitará su contenido.

En cualquier caso, lo que sí está claro es que los planes de prevención adquirirán más fuerza tras la reforma, al añadirse este nuevo delito de omisión de los administradores, a la ya existente Responsabilidad penal de la Persona jurídica y al concretarse el contenido que han de tener esos programas para modificar la responsabilidad penal de empresas y administradores.

 

 

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Written by carlos guerrero

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