No todo vale. A pesar que esta sentencia del Tribunal Supremo de 27 de junio de 2011, considera, en este caso, que no existe intromisión ilegítima en el honor del demandante, dañar el prestigio profesional tiene graves consecuencias.

En este caso, el demandante era un empresario condenado por delitos contra la propiedad industrial y derechos de autor, y esos hechos  jugaron en su contra a la hora de valorar la colisión entre el derecho al prestigio profesional y la libertad de expresión e información.

Anonymous businessmen

Intromisión ilegítima en el honor y al  prestigio profesional

Los hechos son siguientes:

El demandante interpuso demanda de protección de su honor contra demandado por las expresiones publicadas en un periódico.

La sentencia de primera instancia estimó sustancialmente la demanda, declarando que los dos artículos publicados constituían una intromisión ilegítima en el honor del demandante condenando al demandado a indemnizar al actor.

La sentencia de segunda instancia estimó el recurso de apelación del demandado absolviendo a este de las pretensiones ejercitadas contra él. Considerando:

“a) que las noticias publicadas interesaban al público y a los consumidores en general al permitir conocer a estos los entresijos de la competencia empresarial y las conductas que han merecido el reproche de los Tribunales de un miembro directivo de una organización patronal regional que representa al sector turístico de ocio, servicios y hostelería con implantación en todas las islas;

b) que el medio utilizado era lícito y se pretendía lograr la mayor difusión;

c) que las expresiones utilizadas, unas no son objetivamente consideradas vejatorias y otras aunque duras, deben ser conectadas con el contexto en el que se vierten en el que hay que tener en cuenta las condenas sufridas por el demandante o las sociedades por él participadas, no estando desconectadas, por tanto, con la idea que se transmitía.”

 Motivos de casación del demandante

“Entiende la parte que se ha producido una vulneración del derecho al honor del recurrente ya que las manifestaciones vertidas por el demandado excedieron con creces el ámbito constitucionalmente reconocido a la libertad de expresión, al ser la mayor parte de ellas innecesarias e inequívocamente injuriosas yendo más allá de la simple información, al pretender exteriorizar su personal menosprecio o animosidad hacia la persona del recurrente.”

La colisión entre el derecho al prestigio profesional y la libertad de expresión e información.

Los argumentos del tribunal para determinar los límites de la libertad de expresión e información son los siguientes:

“El artículo 18.1 CE garantiza el derecho al honor como una de las manifestaciones de la dignidad de la persona, proclamada en el artículo 10 CE.

La jurisprudencia constitucional y la ordinaria consideran incluido en la protección del honor el prestigio profesional.

Admite que el prestigio profesional forma parte del marco externo de trascendencia en que se desenvuelve el honor, pero exige que el ataque revista un cierto grado de intensidad para que pueda apreciarse una trasgresión del derecho fundamental.

El derecho al honor, según reiterada jurisprudencia, se encuentra limitado por las libertades de expresión e información. Esta limitación afecta también al derecho al honor en su modalidad relativa al prestigio profesional.

(…) la ponderación debe respetar la posición prevalente que ostenta el derecho a la libertad de información y expresión sobre el derecho al honor por resultar esencial como garantía para la formación de una opinión pública libre, indispensable para el pluralismo político que exige el principio democrático (…)

 (…)También se debe tener en cuenta que la libertad de expresión, según su propia naturaleza, comprende la crítica de la conducta de otro, aun cuando sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a aquel contra quien se dirige

(…) la ponderación debe tener en cuenta si la crítica se proyecta sobre personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública, pues entonces el peso de la libertad de expresión es más intenso,

(…) prevalencia de la libertad de expresión cuando se emplean expresiones que, aun aisladamente ofensivas, al ser puestas en relación con la información que se pretende comunicar o con la situación política o social en que tiene lugar la crítica experimentan una disminución de su significación ofensiva y sugieren un aumento del grado de tolerancia exigible,

Por tanto, cuando las expresiones son formalmente denigratorias, hay que examinar el contexto en el que se producen (…)”

Conclusiones del tribunal

“Existe un interés público en el conocimiento de las ideas expuestas en ambos artículos. Este interés se manifiesta desde un punto de vista subjetivo y desde un punto de vista objetivo.

En primer lugar, el objeto de los artículos es la actividad empresarial de un conocido empresario

Es prueba del interés sobre su persona la entrevista publicada al mismo en la Revista de Gran Canaria de mayo de 2006, en la que voluntariamente expone sus comienzos en el mundo empresarial, las claves para el éxito, así como sus proyectos futuros. Esta entrevista fue el detonante, (…)

En segundo lugar, un interés desde el punto de vista objetivo. Como acertadamente señaló la sentencia recurrida, la honradez y el buen hacer de los empresarios son cualidades que interesan a los consumidores por ser los sujetos a los que va dirigida su actividad empresarial. La protección de los consumidores es uno de los principios rectores de la política social y económica regulado en el artículo 51 de la CE, debiendo informar, de conformidad con el artículo 53 CE la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. 

Procede analizar las expresiones utilizadas en los artículos desde la perspectiva constitucional antes expuesta. Y para ello es necesario tener en cuenta el contexto en el que las expresiones se utilizan

El contenido general de los artículos constituyen una crítica dura, feroz, pero conectada con las opiniones que se vierten y con el contexto en el que se producen, lo que hace disminuir su significación ofensiva, teniendo en cuenta que se dirigen contra quien ha sido condenado por delitos contra la propiedad industrial y derechos de autor. Así, puede concluirse que desde la perspectiva de la proporcionalidad de los artículos, no existe ninguna expresión que se pueda considerar ultrajante u ofensiva o que aun siendo dura, esté desconectada con la idea que se transmite y el contexto en el que se utiliza.”

En definitiva, considero que tres son los puntos clave para discernir cuando existe intromisión ilegítima en el honor y vulneración del derecho al prestigio profesional.

1.- Hay que partir de la prevalencia del derecho a la libertad de expresión en un Estado democrático de derecho, derecho a la libertad de expresión en el que tiene cabida la crítica de la actividad profesional.

2.- Como siempre, hay que analizar las circunstancias del caso, y en este asunto “ha de concluirse que la crítica de la actividad empresarial de una persona conocida en su ámbito que se expone al público como paradigma en su sector, es legítima, y debe primar sobre el honor de esta persona al haberse ejercitado de manera proporcionada al contexto de utilización indebida de la imagen y reputación ajenas, aun cuando pueda molestar o ser agresiva en su exposición.”

3.- El hecho que existan condenas firmes contra el demandante que solicita la protección por intromisión ilegítima en su honor y prestigio profesional, tiene como consecuencia que “que hagan disminuir su significación ofensiva”, en relación al contexto en el que se produjeron los hechos.

 

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Written by carlos guerrero

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