El derecho de separación de socios se regula en los artículos 346 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. De tal modo, como causas generales de separación se contemplan las siguientes:

a) Sustitución o modificación sustancial del objeto social

b) Prórroga de la sociedad

c) Reactivación de la sociedad

d) Creación modificación o extinción anticipada de la obligación de realizar prestaciones accesorias

Además de estas causas generales, se contemplan otras específicas para las sociedades de responsabilidad limitada (tendrán derecho a separarse aquellos socios que no voten a favor del acuerdo de modificación del régimen de transmisión de participaciones sociales) y otras relativas a las modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles (transformación de la entidad y traslado de domicilio al extranjero).

Por su parte, los estatutos pueden establecer otras causas de separación distintas. Para ello será necesario el consentimiento de todos los socios. En este sentido, el Tribunal Supremo en su sentencia de 15 de noviembre de 2011 ha admitido la validez de una cláusula estatutaria que reconoce el derecho de los socios a separarse de la sociedad en cualquier momento.

Debemos destacar especialmente la causa de separación introducida por la Ley 25/2011, la cual reconoce el derecho de separación a los socios si, a partir del quinto ejercicio a contar desde la inscripción en el Registro Mercantil de la sociedad, la junta general no acordara la distribución como dividendo de, al menos, un tercio de los beneficios propios de la explotación del objeto social obtenidos durante el ejercicio anterior, que sean legalmente repartibles. Mediante este artículo, el legislador pretende poner solución al problema de expropiación del minoritario que, en ocasiones, se da en las sociedades cerradas.

No obstante, esta circunstancia no podrá alegarse hasta finales del presente año y no resulta aplicable para las sociedades cotizadas. La discutible suspensión de la aplicabilidad de este precepto fue la reacción del legislador ante la avalancha de críticas surgidas. Muchas de ellas cuestionan el establecimiento legal del derecho a un dividendo mínimo o la cuasi suspensión de la Junta General en la determinación del interés social en lo que al reparto de beneficios se refiere.

Diversos autores consideran que el artículo 348 bis no tiene carácter imperativo. No obstante, no resulta en principio coherente considerar que una norma que pretende proteger al socio minoritario tenga un mero carácter dispositivo que pueda ser anulado por la mayoría social. El socio minoritario tiene derecho a participar en las ganancias de la sociedad. Se trata de la esencia del contrato de sociedad.

La suspensión temporal de la eficacia del artículo 348 bis plantea diversos problemas.

¿Qué ocurre con las sociedades que hayan aprobado sus cuentas de 2011 durante el período de vigencia de la norma (del 2 de octubre de 2011 al 24 de junio de 2012)? ¿Qué sucede con las Juntas celebradas en ese período? Son varios los interrogantes que se plantean, para cuya solución deberemos esperar, al menos, hasta finales de 2016.

 

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Written by carlos guerrero

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