Como la mayoría de nuestros lectores sabrán, se avecina una reforma tributaria de hondo calado. En este y siguientes posts iremos analizando algunos de los cambios más relevantes que se prevén.

Una de las principales novedades es la modificación del plazo de duración del procedimiento inspector.

foto san francisco

Plazo de los procedimientos de inspección

Actualmente, el plazo máximo de duración de una inspección es de doce meses. Reglamentariamente se regulan las interrupciones justificadas y las dilaciones por causa no imputable a la Administración. De tal modo, entre otros supuestos, cuando la Administración requiere al obligado tributario la aportación de documentación, el tiempo transcurrido desde el fin del plazo concedido para la atención del requerimiento hasta el íntegro cumplimiento de lo solicitado no se incluye en el cómputo del plazo de doce meses.

La cuestión del íntegro cumplimiento ha resultado conflictiva y los tribunales han ido moderando las facultades de la inspección en este aspecto, considerando que, si los órganos de inspección pueden obtener la información requerida de otras fuentes distintas del propio obligado tributario, no puede considerarse como dilación no imputable a la Administración la totalidad del tiempo transcurrido hasta la aportación de la documentación requerida por parte del contribuyente. En otro caso, la duración del procedimiento podría extenderse considerablemente y la seguridad jurídica no quedaba, a mi juicio, lo suficientemente garantizada.

La reforma pretende simplificar la normativa vigente, lograr una mayor seguridad jurídica en cuanto al cómputo de los plazos del procedimiento inspector, incorporando nuevas obligaciones para informar al obligado tributario de las vicisitudes de dicho plazo y reducir significativamente la conflictividad tributaria.

La modificación de la regulación del plazo del procedimiento inspector permitirá que las actuaciones inspectoras tengan una fecha más previsible de finalización, conocida por el obligado tributario, sin merma de derecho alguno de éste, contribuyendo, a su vez, al buen fin de las liquidaciones tributarias y defensa de los intereses generales.

La reforma implica un incremento del plazo del procedimiento de inspección (18 meses con carácter general o 27 meses para las entidades obligadas a auditar sus cuentas y aquellas sometidas al régimen de conssolidación fiscal o al régimen del grupo de entidades) y, como contrapartida, a lo largo de la tramitación se van a producir determinadas vicisitudes que no van a alargar el plazo del que la Administración tributaria dispone para finalizar el procedimiento, como los aplazamientos solicitados por el obligado tributario para cumplir trámites, o el período de espera de datos solicitados a otras Administraciones. No obstante, podrán descontarse determinados periodos de suspensión definidos de forma objetiva en la ley en supuestos que impiden la continuación del procedimiento, pudiéndose extender la duración del procedimiento por los días de cortesía en los que el obligado solicita que no se lleven a cabo actuaciones con el mismo o cuando el obligado tributario aporte de forma tardía documentación que le ha sido previamente requerida o aporte documentación una vez apreciada la necesidad de aplicar el método de estimación indirecta.

Las consecuencias de la superación del plazo del procedimiento inspector serán las actualmente previstas.

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Written by carlos guerrero

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