Tal como informa hoy el Diario Expansión, el Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la reforma fiscal. Los tres proyectos de Ley (IVA, Sociedades e IRPF) fueron aprobados por la Comisión de Hacienda en el Congreso el pasado martes 8 de octubre.

En lo que respecta al Impuesto sobre Sociedades, uno de los cambio más llamativos es la nueva regulación de las Bases Imponibles Negativas (BINS).

Actualmente, las entidades pueden compensar sus BINS durante un plazo de 18 años (hasta el 1 de enero de 202, el plazo era de 15 años). Las sociedades de nueva creación pueden computar ese plazo a partir del primer período impositivo cuya renta sea positiva. Este nuevo plazo de 18 años se aplica también a las BINS pendientes de compensar al inicio de 2012.

Además, en un contexto de crisis económica, se estableció un régimen transitorio respecto del importe total de BINS a compensar para las empresas cuyo volumen de operaciones haya superado los 6.010.121,04 euros durante los doce meses anteriores a la fecha en que se inicien los períodos impositivos dentro de los años 2011 a 2015. De tal modo,

1. La compensación está limitada al 50 % (75 % en 2011) de la base imponible previa a dicha compensación, cuando en esos doce meses el importe neto de la cifra de negocios sea al menos 20 millones de euros pero inferior a 60 millones de euros.

– La compensación de bases imponibles negativas está limitada al 25 % (50 % en 2011) de la base imponible previa a dicha compensación, cuando en esos doce meses el importe neto de la cifra de negocios sea al menos 60 millones de euros.

No obstante, esta limitación no resultará de aplicación en el importe de las rentas correspondientes a quitas consecuencia de un acuerdo con los acreedores no vinculados con el sujeto pasivo, aprobado en un período impositivo iniciado a partir del 1 de enero de 2013.

Hasta aquí el régimen fiscal existente hasta la fecha. Analicemos ahora las novedades que se avecinan.

Se permite la compensación de las BINS límite temporal. No obstante, se introduce una limitación cuantitativa en el 60% de la base imponible previa a su compensación, y admitiéndose, en todo caso, un importe mínimo de 1 millón de euros.

Esta eliminación del límite temporal a la compensación de BINS resulta, sin duda, positiva ya que, aunque parezca lógico pensar que si en 18 años no se han podido absorber las BINS, lo que subyace es un problema de viabilidad de la entidad, la crisis vivida ha dado lugar a situaciones difíciles de imaginar hasta ahora.

Al igual que en el régimen anterior, el límite cuantitativo no resulta aplicable a las correspondientes a quitas o esperas consecuencia de un acuerdo con los acreedores del contribuyente ni tampoco se aplicará tal límite en el período impositivo en que se produzca la extinción de la entidad.

Asimismo, se desarrolla la cláusula antifraude prevista en la actual regulación del Impuesto para evitar la adquisición de sociedades inactivas con una finalidad elusiva.

Ahora bien, no todo iban a ser ventajas. Según justifica la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley, la extensión del plazo de compensación de determinados créditos fiscales más allá del plazo de prescripción en beneficio de los obligados tributarios irá acompañada necesariamente de la facultad de la Administración de comprobar la procedencia de la compensación o deducción originada en ejercicios prescritos, esto es, su corrección.

Siempre ha resultado litigiosa la compensación de las BINS y, especialmente, su justificación y comprobación por parte de la Administración una vez transcurrido el plazo de prescripción.

Actualmente, la Administración ya puede comprobar ejercicios prescritos en la medida en que en los mismos se generen BINS que sean objeto de aplicación en ejercicios no prescritos y ello en base a los artículos 106.5 y 70.3 de la Ley General Tributaria y artículo 25.5 de la Ley propia del Impuesto.

La litigiosidad en esta materia surge porque unos, empresas y sus abogados, consideran que, prescrito el ejercicio de generación de la BIN sin que la Administración lo haya comprobado, ya sólo puede comprobar su veracidad. Otros, fundamentalmente la Administración, consideran que la facultad de comprobación alcanza también la conformidad a Derecho de la BIN.

El proyecto de Ley opta por crear un nuevo supuesto de imprescriptibilidad (al igual que el introducido por la Ley 7/2012 respecto de las rentas no declaradas correspondientes a bienes o derechos en el extranjero no informados).

Está por ver si esta nueva regulación pone fin a los conflictos en esta materia. Personalmente lo dudo. Resulta iluso creer que, por ejemplo, 30 años después de generar una BIN es posible enjuiciar su corrección jurídica. Ello podría atentar contra la seguridad jurídica de los contribuyentes, quienes podrían ver revisadas y corregidas sus compensaciones de BINS sobre la base de criterios interpretativos distintos que los aplicados en el momento de dicha compensación. No obstante, como previsiblemente argumentará la Administración, la seguridad jurídica no es un valor absoluto, pues ello daría lugar a la petrificación del ordenamiento jurídico, ni puede entenderse tampoco como un derecho de los ciudadanos al mantenimiento de un régimen fiscal determinado.

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Written by carlos guerrero

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