Hoy analizamos someramente las principales novedades introducidas por la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La nueva norma se centra en tres asuntos: copia privada, entidades de gestión y lucha contra la piratería. La reforma incorpora también la polémica “tasa Google”, por la que se persigue que los agregadores de fragmentos de noticias paguen una remuneración a las publicaciones de las que extraen los contenidos. Google News ha evitado, hasta ahora, el pago de compensaciones directas de este tipo en Francia, Alemania o Bélgica. Falta por ver cómo actúa Google en España. ¿Cumplirá Google News su amenaza y cerrará el servicio? De ser así, España sería el primer país democrático del mundo en el que la compañía fundada por Larry Page y Sergey Brin cerrara su popular servicio.

 Revisión del concepto de copia privada

La cuantía del canon se determina en función del perjuicio causado. La compensación se regula en el artículo 25 y se establece que serán los presupuestos generales del Estado los que la abonen a los titulares de derechos. No obstante, la regulación final de esta cuestión la conoceremos cuándo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre las cuestiones prejudiciales planteadas por el Supremo.

Al ser el Estado quien pague la fiesta, el legislador intenta restringir al máximo el concepto de “copia privada”. De tal modo, se excluyen las reproducciones para uso profesional o empresarial, así como las reproducciones a partir de soportes físicos que no sean propiedad del usuario, incluyéndose aquellas no adquiridas por compraventa mercantil, y mediante comunicación pública, salvo las reproducciones individuales de obras a las que se haya accedido a través de un acto legítimo de comunicación pública.

Para acabar de cerrar el círculo, el artículo 25 dispone:

…no dará origen a una obligación de compensación por causar un perjuicio mínimo la reproducción individual y temporal por una persona física para su uso privado de obras a las que se haya accedido mediante actos legítimos de difusión de la imagen, del sonido o de ambos, para permitir su visionado o audición en otro momento temporal más oportuno.” El Ministerio de Hacienda trata de blindarse así ante la exigencia de mayores cuantías de canon por copia privada.

Entidades de gestión

La norma persigue el establecimiento de un riguroso marco de transparencia para las entidades gestoras, tratando de evitar futuros escándalos como los de las operaciones SAGA y SGAE. Según el Secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, “se evitará la arbitrariedad tarifaria y, sobre todo, se evitarán situaciones escandalosas que han aquejado a nuestra sociedad. Implantaremos mecanismos de control e intervención pública”,

Asimismo, se regula exhaustivamente el reparto, pago y prescripción de los derechos derechos recaudados (La acción para reclamar a las entidades de gestión el pago de cantidades asignadas prescribe a los cinco años contados desde el 1 de enero del año siguiente al de la puesta a disposición del titular de las cantidades que le correspondan).

Lucha contra la piratería

Se modifica el régimen de acciones y medidas cautelares que puede ejercitar el titular de los derechos reconocidos en la Ley (instar el cese de la actividad ilícita del infractor y exigir la indemnización de los daños materiales y morales causados,  así como exigir la publicación o difusión, total o parcial, de la resolución judicial o arbitral en medios de comunicación a costa del infractor).  Las sanciones pueden llegar a alcanzar los 600.000 euros.

Se amplía el concepto de infractor. La regulación contempla que la Comisión de Propiedad Intelectual pueda dirigirse contra páginas de enlaces a contenidos albergados por terceros sin autorización de los titulares (hosting).

En todo caso, la cuestión de los enlaces tendrá que pasar el filtro de los tribunales que, en no pocas ocasiones, han sido favorables a reconocer a estas páginas la misma inmunidad legal concedida a los meros intermediarios de servicios técnicos.

En tal sentido,  el TJUE ha dictado recientemente una resolución, de fecha 21 de octubre de 2014 (asunto BestWater), por la que establece que el simple hecho de incluir en una página web el enlace a un vídeo de libre acceso publicado en otra página, no vulnera los derechos de autor sobre dicho video.

 

 

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Written by carlos guerrero

1 Comment

Carlos

Han hecho una verdadera chapuza, la sociedad no puede adpatarse a la Ley es justo al revés, es como si mañana se legisla sobre la forma de vestir de los hombres prohibiendoles llevar pantalón.

La sociedad avanza a un ritmo frenético, los modelos de negocio deben transformarse, la sociedad no puede ni debe adaptarse con un ejemplo se entenderá mejor mi argumento, para que los agricultores no se queden sin trabajo no se puede prohibir el envasado metálico donde la comida dura años.

La ley ha nacido con fecha de caducidad.

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