Hoy se publica en el BOE la Ley 22/2014, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado.

Esta Ley crea la figura de las Entidades de Capital-Riesgo-pyme que permite a estas entidades invertir un 70% de su patrimonio en participaciones de pyme, participando en su gestión y haciendo labores de asesoramiento.

Acorde con su tamaño, estas entidades gozarán de un régimen financiero más flexible, pudiendo hacer un mayor uso tanto de préstamos participativos, como de deuda para proveer de financiación a estas pymes. Su regulación pretende impulsar el sector de capital-riesgo orientado a las etapas tempranas de desarrollo de las empresas, que ha tenido un crecimiento menor y ofrecer a este tipo de empresas una alternativa eficaz a la financiación bancaria.

Las ECR-Pymes deberán mantener al menos el 75 % de su activo computable en los siguientes instrumentos financieros:

1.   Acciones u otros valores o instrumentos financieros que puedan dar derecho a la suscripción o adquisición de aquellas y participaciones en el capital

2.         Préstamos participativos

3.         Instrumentos financieros híbridos ( siempre que la rentabilidad de los mismos esté ligada a los beneficios o pérdidas de la empresa y que la recuperación del principal en caso de concurso no esté plenamente asegurada)

4.         Instrumentos de deuda con o sin garantía de empresas en las que la ECR-Pyme ya tenga una participación a través de alguno de los instrumentos anteriores y

5.         Acciones o participaciones en otras ECR-Pyme

Además, las empresas objeto de la actividad inversora de las ECR-Pyme deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) No estar admitidas a cotización en un mercado secundario regulado en el momento de la inversión

b) Tener, en el momento de la inversión, menos de 250 empleados.

c) Que, en el momento de la inversión, o bien su activo anual no supere los 43 millones de euros, o bien su volumen de negocios anual no supere los 50 millones de euros.

d) Que no se trate de una institución de inversión colectiva.

e) Que no se trate de empresas financieras o de naturaleza inmobiliaria.

f) Que estén establecidas en Estados miembros de la Unión Europea o en terceros países (salvo que el tercer país figure en la lista de países y territorios no cooperantes establecida por el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales). Asimismo, en caso de estar establecidas en un tercer país, se exige que éste  haya firmado con España un convenio para evitar la doble imposición con cláusula de intercambio de información o un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria.

En cuanto al capital social mínimo exigido a las ECR-Pyme, será de 900.000 euros, frente a las comunes, que será de 1,2 millones de euros, debiéndose desembolsar en el momento de su constitución, al menos, el 50 por ciento y el resto, en una o varias veces, dentro del plazo de tres años desde la constitución de la sociedad.

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Written by carlos guerrero

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