Esta semana se ha publicado en el BOE la Ley 31/2014, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo. Hoy analizamos las novedades más relevantes introducidas por la norma.

La Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el BOE. No obstante, en cuanto a las sociedades cotizadas, debemos tener en cuenta la disposición transitoria que aplaza hasta el 1 de enero de 2015 las modificaciones introducidas en distintos preceptos en materia de remuneración de administradores y algunas otras disposiciones en materia de funcionamiento y organización del consejo.

 

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Competencias de la junta general

La reforma trata de garantizar que los accionistas puedan pronunciarse de forma separada sobre el nombramiento, la reelección o la separación de administradores y las modificaciones estatutarias, y que puedan emitir de forma diferenciada su voto.

Intervención en asuntos de gestión y operaciones esenciales:

Se permite a la junta impartir instrucciones de gestión salvo disposición contraria de los estatutos. Asimismo, se atribuye a la Junta la decisión sobre operaciones esenciales (aquellas cuyo volumen supere el 25% del total de activos del balance).

Votaciones:

Se deberán votar separadamente las propuestas de acuerdo para aquellos asuntos que sean sustancialmente independientes.

Conflictos de interés entre accionistas

En primer lugar, se introduce una cláusula específica de prohibición de derecho de voto en los casos más graves de conflicto de interés, para lo cual se propone generalizar a las sociedades anónimas la norma actualmente prevista para las sociedades de responsabilidad limitada. Además, se estable una presunción de infracción del interés social en los casos en que el acuerdo social haya sido adoptado con el voto determinante del socio o de los socios incursos en un conflicto de interés.

Impugnación de acuerdos sociales

•       Desaparece la distinción entre acuerdos nulos (infracción de un precepto legal) y anulables (otras infracciones).

•          Se amplía el plazo de impugnación desde los 40 días a 1 año.

•          En cuanto a la legitimación, se exige al menos el 1% del capital para poder ejercer la acción de impugnación (hasta ahora se distinguía según se tratase de acuerdos nulos o anulables). En las sociedades cotizadas este porcentaje será del 1 por mil.

Administración de la sociedad

Deberes y régimen de responsabilidad de los administradores:

Se tipifican de forma más precisa los deberes de diligencia y lealtad y los procedimientos que se deberían seguir en caso de conflicto de interés.

Se amplía el alcance de la responsabilidad, más allá del resarcimiento del daño causado, incluyendo la devolución del enriquecimiento injusto. Se facilita la interposición de la acción social de responsabilidad al reducir la participación necesaria (del 5 al 3% en cotizadas) y permitiendo su interposición directa (sin esperar a la junta) en caso de infracción del deber de lealtad.

Competencias del consejo de administración

El consejo de administración deberá reunirse, al menos, una vez al trimestre, con la finalidad de que mantenga una presencia constante en la vida de la sociedad. Los consejeros deberán asistir personalmente a las sesiones del consejo. En caso de representación para la asistencia a un consejo, los consejeros no ejecutivos sólo podrán delegar en otro consejero no ejecutivo.

Se introduce un nuevo artículo con las facultades indelegables del consejo, con el fin de reservarle las decisiones correspondientes al núcleo esencial de la gestión y supervisión de la sociedad.

Retribución de los administradores

En la Exposición de Motivos de la Ley encontramos ya un avance del nuevo articulado y su hincapié en el gobierno corporativo. El legislador considera que tanto entidades financieras como empresas de carácter no financiero se han visto afectadas por la asunción imprudente de riesgos, por el diseño de sistemas de retribución inapropiados, así como por la deficiente composición de los órganos de dirección y administración. En consecuencia, el gobierno corporativo ha vivido un renovado impulso.

Por ello, las remuneraciones de los administradores deberán reflejar adecuadamente la evolución real de la empresa y estar correctamente alineadas con el interés de la sociedad y sus accionistas.

Por ello, la remuneración de los administradores deberá ser razonable, acorde con la situación económica de la sociedad y con las funciones y responsabilidades que les sean atribuidas. El sistema de remuneración deberá estar orientado a promover la rentabilidad y sostenibilidad de la sociedad en el largo plazo.

Finalmente, en cuanto a los Consejeros delegados, se clarifica el régimen de retribuciones por el ejercicio de facultades ejecutivas de los consejeros. En esos casos, se deberá firmar un contrato con el consejero que incluirá los distintos conceptos retributivos. Se aprobará por una mayoría cualificada del consejo y la abstención de los interesados.

 

 

 

 

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Written by carlos guerrero

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