Renovarse o morir. En la lucha contra el fraude societario, dos son los objetivos prioritarios de la Hacienda española: el comercio electrónico y la erosión de bases imponibles o BEPS. Hoy nos centramos en el proyecto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting).

 

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El Gobierno está elaborando un nuevo Reglamento del Impuesto sobre Sociedades en el que se introducirán las citadas novedades. Está previsto que el reglamento se apruebe a lo largo de este año para que entre en vigor en 2016. No obstante, no será hasta julio de 2017 (cuando las empresas liquiden definitivamente el impuesto de sociedades) cuando comiencen a informar de sus operaciones por países.

Las multinacionales españolas deberán detallar a partir de 2017 las ventas, ganancias e impuestos que registran en cada país. Esta es una de las recomendaciones del proyecto BEPS impulsado por la OCDE contra la planificación fiscal de las multinacionales y en el que participan medio centenar de países, España entre ellos. La línea que separa la lícita planificación o ingeniería fiscal y el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias es difusa. El objetivo del legislador es que las firmas no usen tretas para evitar pagar los impuestos que les corresponden a través de la deslocalización de beneficios.

Las grandes multinacionales aprovechan la falta de integración tributaria internacional, consiguiendo minimizar notablemente su carga tributaria. Este hecho conlleva una serie de consecuencias negativas:

•       Menores ingresos fiscales para los estados.

•          Los contribuyentes han de soportar mayores cargas tributarias para compensar el traslado de las bases imponibles a jurisdicciones con tributaciones más laxas o incluso prácticamente inexistentes.

•          Se crean situaciones de desventajas competitivas entre las grandes empresas y aquellas que operan únicamente en mercados internos.

El programa impulsado por la OCDE tiene persigue tres propósitos fundamentales:

1. Los sistemas fiscales deben guardar coherencia, no sólo interna o nacional (la deducibilidad fiscal de un gasto tiene su correlativo en que el perceptor tribute por el ingreso), sino también cuando intervienen distintos países.

2. Las entidades que intervienen en las operaciones mercantiles y obtienen beneficios por ellas deben tener sustrato económico. El sustrato económico implica la existencia de razones económicas válidas, distintas del mero ahorro fiscal y está relacionado con el hecho de que la entidad disponga de un espacio físico donde desarrolle su actividad y disponga de activos materiales, empleados y demás elementos necesarios para realizar su negocio. En caso contrario, nos encontraremos antes sociedades instrumentales, perseguidas por la legislación tributaria

3. La transparencia es un bien jurídico a proteger. Las partes deben tener presente que sus operaciones van a ser conocidas por la autoridades. Esta es la premisa básica de la que debe arrancar cualquier análisis fiscal lícito.

BEPS reconoce expresamente que un elemento esencial de la soberanía de una nación es el establecimiento de su sistema fiscal y por eso no pretende dictar instrucciones acerca de tipos impositivos. La motivación inicial que dio origen a este proyecto era impactar en las jurisdicciones fiscales que acogen la inversión extranjera sin requerirle ningún sustrato económico, aunque el trabajo realizado va mucho más allá de esta intención.

 

 

 

 

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Written by carlos guerrero

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