Ya hemos contentado en anteriores posts cuán exigente es la posición jurídica del administrador. Concretamente, en el ámbito tributario, se considera que el administrador, en su condición de tal, asume una posición de garante. La diligencia que se le exige es la de un ordenado empresario y representante legal. Al administrador no le faltan medios para controlar la buena marcha de la empresa (convocar Junta, instar el concurso de acreedores…). De tal modo, si a pesar de los múltiples instrumentos de los que dispone, no evita que la entidad cometa una infracción, será declarado responsable por la Administración Tributaria. Rige en esta materia el Onus probandi, la carga de la prueba recae sobre el administrador. Sólo a él, y no a la Administración Tributaria, compete demostrar que he hecho todo lo “humanamente posible” para cumplir con los deberes impuestos por su cargo.

 

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¿Cómo puede protegerse el administrador?

En primer lugar, la entidad debe haber presentado las autoliquidaciones correspondientes al Impuesto sobre Sociedades, IVA y demás obligaciones fiscales que incumban a la sociedad.

Si presentas la declaración del impuesto no habrá infracciones tributarias, ni tampoco las sanciones que aquéllas llevan aparejadas. Por ello, el administrador debe ser extremadamente diligente en este aspecto. Sin sanciones resulta mucho más complicado derivar responsabilidad al administrador. No podrá hacerse por la vía del 42.1 a) de la LGT ( los que sean causantes o colaboren activamente en la realización de una infracción tributaria) ni por la vía prevista en el artículo 43.1 a (la más frecuente para exigir responsabilidad a los administradores. La responsabilidad subsidiaria de este último precepto tiene como presupuesto de tipicidad la existencia de una sociedad infractora.

Si la sociedad no ha cometida infracciones tributarias, la única vía para exigir la responsabilidad al administrador será la prevista en el artículo 43.2, precepto introducido por la Ley 7/2012, de medidas contra el fraude. No obstante, los elementos objetivos de este supuesto de responsabilidad subsidiaria son exigentes y difíciles de acreditar por la Agencia Tributaria. Son los siguientes:

1- El responsable ha de ser el administrador, de hecho o de derecho.

2- La responsabilidad alcanza únicamente a tributos que deban repercutirse o cantidades que hayan de retenerse, es decir, IVA y retenciones.

3- Ha de existir una continuidad en la actividad empresarial, antes y después del impago.

4- Se requiere la presentación REITERADA de autoliquidaciones sin ingreso (en los estrictos términos previstos en la normativa tributaria).

5. Ha de concurrir una voluntad o intención real de incumplir.

En cuanto al elemento subjetivo, debe quedar acreditado que la conducta del responsable pretende no regularizar la situación tributaria de la entidad, ni en el presente ni en el futuro. Es necesario que la conducta del administrador sea merecedora por tanto de reproche legal, aun a título de negligencia.

De acuerdo con lo expuesto, el administrador se protegerá eficazmente de una posible derivación de responsabilidad tributaria cuidándose mucho de que la entidad presente puntualmente sus correspondientes autoliquidaciones.

 

 

 

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Written by carlos guerrero

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