Si buscas abogado especializado en la ley de segunda oportunidad, entra en Lexgoapp y encuentra abogado especializado en deudas y concursal.

Después de recibir varios e-mails de lectores del blog pidiéndome que me pronuncie sobre el mecanismo de segunda oportunidad aprobado mediante el RD 1/2015, de 27 de febrero., he decidido escribir el post de hoy. Espero que os ayude a comprender el alcance de la reforma y podías valorar adecuadamente la posibilidad de acceder a este procedimiento. Después de esperar más de siete años, creo que se ha conseguido el objetivo de disponer de un verdadero mecanismo de segunda oportunidad. Todavía recuerdo muchos juristas que hace unos cinco años criticaban de manera irracional este procedimiento de remisión de deudas y que ahora se han convertido en arduos defensores de la segunda oportunidad.

Después de una primera lectura, con toda la prudencia posible, viendo las anteriores reformas de la ley y su aplicación en los juzgados mercantiles, voy a intentar dar mi opinión contestando algunos de los párrafos del artículo publicado por mi admirada catedrática de derecho civil Matilde Cuena, en el blog ¿Hay Derecho?.

La catedrática Matilde Cuena, no está muy a favor del RD aprobado, ya que considera que no se ha llegado a la solución más óptima, sencilla y flexible para alcanzar un verdadero procedimiento de Segunda Oportunidad.

Discrepo, con todos los respetos. de la opinión de Matilde y estoy más cercano a la tesis del Magistrado José María Fernández Seijo, que este también recomendable artículo de Luis Javier publicado en LawyerPress, y en el que dice lo siguiente,

“Para este jurista “no cabe duda que la reforma es un paso adelante, un salto cualitativo importante que llega con años de retraso. Solo es de esperar que se dote a los juzgados mercantiles de medios materiales para poder afrontar con rigor y eficacia los nuevos retos, sobre esos medios la norma nada indica,” aclara. Desde su punto de vista “seguramente se podría haber hecho algo más sencillo pero a mi la verdad es que la propuesta me parece razonable”, indica.

Sobre el procedimiento seguido por nuestro  Gobierno   Fernández Seijo señala que “a la hora de abordar la llamada segunda oportunidad el legislador ha optado por modificar nuevamente la Ley Concursal, asumiendo con ello el fracaso de reformas anteriores, especial la Ley  de apoyo a los emprendedores, que habilitaba un procedimiento extrajudicial de pagos que permitía en circunstancias extraordinarias la exoneración o remisión de las deudas del concursado insolvente; esta norma ha sido ineficaz desde su entrada en vigor en octubre de 2013, sin embargo ha servido como base para la nueva reforma.”

Desde su punto de vista, la Ley SecOp parte de lo avanzado ya con la Ley de Emprendedores, modificando sustancialmente los condicionantes para poder acceder al acuerdo extrajudicial de pagos de modo que puedan acogerse al mismo toda persona física, y facilitando también la remisión de deudas primero disfrutando de una remisión provisional de deudas, que se convierte en remisión definitiva una vez se constata la buena fe del deudor y el cumplimiento de un plan de pagos.

Fernández Seijo advierte que “debe tenerse en cuenta que la segunda oportunidad es una excepción a la regla general, que sigue siendo la responsabilidad universal. El artículo 178.2 LC sigue siendo contundente. La remisión de deudas funciona, por lo tanto, como una excepción que deberá cumplir los condicionantes que prevé el nuevo artículo 178 bis LC. “

Para este magistrado el  redactado que la Ley SecOp da a la Ley Concursal establece un solo itinerario para la exoneración de pasivo concursal tanto para personas jurídicas como para personas físicas, comerciantes o no ese itinerario  “le obliga a instar previamente un acuerdo extrajudicial de pagos que, si fracasa, determinará la apertura del concurso – el llamado concurso consecutivo – en el que, concluías las operaciones de liquidación, permitirán al deudor pedir la remisión de las deudas concursales pendientes. El artículo 178 bis.3 sólo permite el beneficio de exoneración del pasivo “a los deudores de buena fe.”

La exoneración debe solicitarla el deudor, no es una consecuencia automática de la liquidación concursal, y se habilita un régimen contradictorio de oposición en el que será necesario el informe de la administración concursal y en el que podrán intervenir los acreedores. La exoneración en principio es provisional, quedando supeditado el deudor a un período de “vigilancia” de 5 años hasta conseguir la exoneración definitiva.”

01B2937_UK-hpr

Volviendo al artículo de Matilde Cuena, paso a comentar los extractos del mismo, que en mi opinión, que más controversia generan.

Comienza el mismo reconociendo que la reforma es positiva porque incluye a personas físicas y no solo a empresarios,

“Los destinatarios de la reforma son las personas físicas y no solo los empresarios. Este cambio merece una valoración positiva tal y como expliqué aquí. El régimen de segunda oportunidad se aplica tanto al deudor insolvente tras la liquidación de su patrimonio embargable como en caso de insuficiencia de masa activa. Este cambio es razonable y merece valoración positiva.

Se reforma el procedimiento para lograr un acuerdo extrajudicial de pagos (AEP) al que se permite el acceso a toda persona física, empresaria o no. El cambio es razonable puesto carecía de justificación que tal proceso por el que se permite negociar fuera del concurso estuviera vetado al consumidor. Se evita así el temido colapso judicial. Se diseñan especialidades de régimen para el caso de deudor no empresario de forma que los notarios puedan conducir las negociaciones.”

En este siguiente párrafo, critica la limitación a pasivos de 5 millones de euros y que anteriormente no hubiera alcanzado un acuerdo extrajudicial en los 5 años anteriores, para la entrada en el procedimiento de AEAP. En mi opinión, ambas limitaciones son cuestiones menores y no afectan al 99 % de las personas físicas consumidores y autónomos que probablemente se acojan a este procedimiento. Así lo argumenta la profesora,

“No obstante, se mantienen requisitos de acceso al procedimiento extrajudicial que, a mi juicio, carecen de justificación: por ejemplo, pasivo no superior a 5 millones de euros y que el deudor no hubiera alcanzado otro acuerdo extrajudicial en los 5 años anteriores. Yo creo que una negociación extrajudicial debe facilitarse. Ahorra tiempo y recursos. Este aspecto es relevante porque para llegar a la aplicación de la “segunda oportunidad” es preciso intentar un acuerdo extrajudicial de pagos. Cerrada la puerta a éste, lo estará también para la exoneración de deudas.”

Procedimiento AEAP y régimen de segunda oportunidad. Según Matilde Cuena,

“Iniciado el expediente para lograr un AEP se produce una suspensión de la ejecución hipotecaria sobre la vivienda habitual por plazo máximo de tres meses si el deudor es empresario y por dos meses si el deudor es consumidor. Si no se logra el acuerdo, el notario instará el concurso del deudor que se abrirá directamente en fase de liquidación. Si el deudor es empresario, es posible presentar una propuesta anticipada de convenio.

Iniciado el concurso en fase de liquidación es cuando puede tener lugar el régimen de segunda oportunidad, además de los casos de conclusión por insuficiencia de masa activa. Esto último es una novedad que merece juicio positivo.”

Aquí es cuando la profesora comienza a criticar el RD,

La exoneración de deudas debe solicitarla el deudor que debe ser de buena fe, la cual se deduce de la concurrencia de una serie de requisitos que exceden de la evaluación de la conducta del deudor. Según la norma, tiene buena fe el deudor cuando el concurso es no culpable, ausencia de condena por determinados delitos, que haya intentado un acuerdo extrajudicial, y que se den dos requisitos alternativos:

1º. (OPCIÓN A) O bien el deudor consigue pagar un umbral de pasivo mínimo: todos los créditos contra la masa, los privilegiados (entre los que se encuentra el crédito hipotecario) y si no intentó el acuerdo extrajudicial, al menos el 25% del pasivo ordinario.”

2º. (OPCIÓN B) O el deudor acepta someterse a un plan de pagos cuyo contenido luego describo. En este segundo caso, parece exigirse un plus de buena fe pues el deudor no debe haber incumplido obligaciones colaboración de art. 42 LC, no haya obtenido este beneficio dentro de los 10 últimos años, no haya rechazado dentro los 4 años anteriores a la declaración de concurso una oferta de empleo adecuada a su capacidad, acepte que conste en el Registro Público Concursal durante 5 años que se acogió a un régimen de segunda oportunidad. Dato negativo que le provocará a buen seguro exclusión financiera, imposible de “limpiar” porque no se regulan los ficheros de solvencia positivos.”

Los requisitos que se solicitan son fáciles de cumplir. Buena fe, colaboración, aceptar un trabajo y Registro Público Concursal si se acoge a la segunda oportunidad. Peor será estar toda la vida en los registros de impagados …

Ahora llega el momento clave para todo deudor: la exoneración de las deudas.

Verificada la concurrencia de tales requisitos y salvo que se oponga algún acreedor que alegue que no se reúnen, el juez declara la “exoneración provisional del pasivo pendiente”. Pero ¿de qué pasivo?

1º. Créditos ordinarios y subordinados pendientes, salvo créditos de derecho público y por alimentos.”

Esta es la deuda que en la práctica le queda a cualquier persona física después de perderé todos sus bienes. Por tanto, la norma exonera de la mayoría de la deuda más habitual en los consumidores.

“2º. La deuda que reste pendiente tras la ejecución de la garantía real, salvo que dicho crédito no sea ordinario o subordinado. Por ejemplo, ejecutada la hipoteca que pesa sobre la vivienda habitual, si con lo obtenido con la vivienda, no queda satisfecha la deuda hipotecaria, como tal crédito tiene el carácter de ordinario, podrá ser exonerado. Se consigue el mismo efecto que con la famosa “dación en pago” aunque no es lo mismo (aquí el inmueble se ejecuta), porque deberá reunir el deudor todos estos requisitos para ser exonerado y como luego diré, cabrá revocación.

En efecto, ésta es la verdadera exoneración de deudas para una familia normal. Le han ejecutado la vivienda y además debe el capital pendiente más intereses y costas. Esa deuda es la que elimina la ley. Esa es la clave de la segunda oportunidad. Llega a las familias.

“Quedan fuera de la exoneración todo el crédito privilegiado, el crédito público que es lo que plantea problemas a los deudores, sobre todo empresarios. Con este solo dato, ya se puede decir que el régimen vale de bien poco. Pero esto no es todo.”

Discrepo sobre esta afirmación. La mayoría de deudas inasumibles de los empresarios, viene dada por deudas con entidades financieras y principalmente avales en hipotecas sobre naves industriales y otros activos inmobiliarios. La mayoría de empresarios que avalaron con sus bienes a la empresa, ya ha sido liquidados. Ya han perdido todos sus bienes después de siete años de crisis. Por tanto la deuda pendiente es un crédito ordinario que será exonerado.

“Cumplidos los requisitos citados, dice la norma que los créditos afectados por la exoneración se extinguen aunque, como es lógico, los acreedores pueden ir contra los fiadores y obligados solidarios.”

Los fiadores solidarios podrán acudir al juzgado y solicitar también la exoneración de las deudas con un concurso en liquidación.

“Las deudas no afectadas por el “perdón” las tiene que abonar el deudor en un plazo de 5 años siguientes a la conclusión del concurso sin que puedan devengar interés, debiendo el deudor aportar un plan de pagos.”

Estamos hablando de deudas con hacienda por ejemplo. Lo veo totalmente lógico.

Y por último Matilde Cuena finaliza,

Pero ahí no acaba la cosa. Los créditos “extinguidos” por aplicación de la exoneración, pueden “resucitar” si al cabo de los cinco años [1] incurre el deudor en alguna de las causas que pueden denegar la exoneración (por ejemplo, comete determinados delitos…) o se constata que tiene ingresos o derechos ocultados, o incumple el plan de pagos o “mejorase sustancialmente su situación económica de manera que pudiera pagar todas las deudas pendientes sin detrimento de sus obligaciones de alimentos.

Vamos que aunque un régimen de segunda oportunidad tiene como finalidad recuperar al deudor y evitar que acuda a la economía sumergida, con la nueva regulación, si efectivamente se recupera, entonces los acreedores pueden ejercitar de nuevos sus acciones. A mi juicio, esto se carga todo el sistema y desincentiva a los deudores a retornar a la actividad productiva y favorece su actuación a través de testaferros.”

Totalmente en desacuerdo.  En mi opinión, por fin la persona física y el empresario que avaló con todos sus bienes su compañía podrán obtener una segunda oportunidad. A modo de resumen sería así:

Persona natural o consumidor o autónomo y/o empresario que avaló con sus bienes deudas con entidades financieras y que ya hayan perdido todos sus bienes (viviendas habituales, etc), pero aún así sigan debiendo dinero a sus acreedores (exceptuando las deudas con hacienda y S.S), podrán solicitar la remisión de las deudas y por tanto la segunda oportunidad.

Y es normal y así sucede en otras legislaciones de nuestro entorno, que haya un periodo de vigilancia posteriores de 3 o 5 años, por si el deudor actuó en fraude de acreedores con ingresos ocultos, comete delitos o mejore de manera sustancial su situación económica.

Pero lo normal, es que en cinco años esa persona física empresaria o no y arruinada, de gracias a dios por conseguir un trabajo y no llegue ni a cobrar 1.000 euros. Pero si se acoge a este mecanismo, después de 5 años ya no deberá nada a nadie, y se dará por saldada una deuda que no hubiese pagado ni en tres vidas.

Comparte este post en:

¿Tienes alguna duda? Envíanos un correo y contactaremos contigo de inmediato. Consulta aquí

Written by carlos guerrero

7 Comments

Matilde Cuena Casas

Querido Carlos:
Un placer debatir contigo. Efectivamente, hay avances con la nueva regulación. Si piensas que el problema de las personas físicas insolventes se reduce al problema hipotecario y al caso en el que han avalado a una sociedad, pues entonces es lógico que consideres que la ley es efectiva. Pero no es verdad que ahí se agote el problema. El crédito público es un problema grave de los autónomos y buena prueba es que piden la reforma de la norma en el sentido que propugno: que al menos el 50% del crédito público quede exonerado. De lo contrario, tendrán muy complicado volver a empezar. http://www.europapress.es/economia/construccion-y-vivienda-00342/noticia-economia-laboral-upta-exige-aplicacion-justicia-gratuita-autonomos-situacion-insolvencia-20150305122737.html
Dices lo siguiente “así sucede en otras legislaciones de nuestro entorno, que haya un periodo de vigilancia posteriores de 3 o 5 años, por si el deudor actuó en fraude de acreedores con ingresos ocultos, comete delitos o mejore de manera sustancial su situación económica”. Esto último no es verdad: en ningún país la mejora de la situación económica del deudor hacer revivir créditos previamente exonerados porque precisamente lo que se quiere es que se recupere el deudor sin el lastre del pasivo pendiente. Este es un rasgo exclusivo de nuestra ley y que fue introducido a última hora por el Gobierno, consciente de que con ello restringía aún más si cabe el régimen de segunda oportunidad.
Después de estudiar la figura durante muchos años, créeme que puedo decir que el régimen finalmente instaurado es manifiestamente mejorable y está muy alejado de lo que acontece en los modernos sistemas de insolvencia. EL FMI y la UE piden que el plan de pagos no exceda de tres años y aquí hemos puesto 5. Las deudas exonerables son escasas y lo más grave –insisto- es que la recuperación del deudor haga revivir el crédito. Eso hace que no haya exoneración sino un pactum de non petendo….

Reply
Carlos Caravaca

Aquí se debate ¡ me apunto ! … en primer lugar felicidades a ambos por los post, tan solo aportaré una solución a la exoneración definitiva transcurrido 5 años.
¿Se podría supeditar al beneficio neto durante los 3 primeros años? en este sentido con aportaciones de un porcentaje que permita ir pagando la deuda por ejemplo el 25 %, quedando un 75 % después de impuestos para el empresario/deudor.
El equilibrio se debe buscar entre todos, por un lado ayudando al emprendedor pero también a los acreedores que quizás también sean emprendedores.
Un abrazo

Reply
R SIMON

Querido Carlos:

He seguido tu blog con interés a lo largo de estos últimos años y la verdad es que me ha decepcionado un poco tu último comentario.
Por supuesto que todo es un paso hacia adelante, pero realmente es contradictorio plantear un procedimiento que afecte a las personas a partir de ahora y olvidar que la gran sangría se ha producido en los últimos años.
¿Que pasa con los miles de empresarios que han finalizado su concurso?, ¿Que más tienen que demostrar que el propio resultado del concurso?. Es imposible determinar una exoneración y posteriormente decir que si mejora la situación se deshace la exoneración.
¿Para que creamos una ley de segunda oportunidad?, para que los empresarios no la tengan?. Es decir, que un empresario al que le han embargado todo lo embargable y al que se le da la oportunidad de iniciar de nuevo la actividad, tendrá que estar expuesto a que se revierta esta situación. Obviamente este empresario no tendrá segunda oportunidad por parte de nadie ya que será una persona expuesta a nuevos procedimientos, embargos y minoración de sus capacidades.
En fin, mi resumen es que de nuevo, estamos ante una gran chapuza, por miedo y por presiones.
Miedo y presiones que por lo que se ve, no tienen los países de nuestro entorno al entender la dificultad y riesgos que implica ser empresario.
No pasa nada, seguro que dentro de 15 años se soluciona esto y aún quedarán empresarios dispuestos a apostar por crear empleo, pese a haber fracasado en alguna ocasión.

Reply
SUSANA

Felicidades por el articulo!
Muy bien explicado todo.
Mi pregunta es: como se se tramita todo esto?
Mediante un notario o abogado?
Cual es el primer paso?
Hay algún organismo publico que facilita información o la tramitación?
Gracias.

Reply
oscar

Hola se podría solicitar un abogado de oficio para solicitar esta Ley de la segunda oportunidad… gracias

Reply
ERIK

Hola leo su blog y me parece muy interesante. Soy un afectado y me he acogido a ésta ley.
para empezar fue por procedimiento notarial. Con una serie de documentos y n formulario que recoge toda la información de la persona natural.
después se eleva y es escogido por un mediador concursa que toma el caso, informándote de que está al tanto.
envía a todos os acreedores en mi caso son 6 y por una deuda total de 18000 euros.la propuesta de negociación extrajudicial.
justamente éste mes tengo reunión con los acreedores para llegar a un acuerdo ..al no llegar a nada me informa el Mediador que se iría a una fase liquidadora, cabe informar que actualmente devengo por medio de nomina un sueldo de 800 euros.
hace 2 meses se entrego la vivienda que actualmente vivimos en Alquiler. negociando con el banco y un fondo la cual se ha quedado con la casa.
prácticamente no tengo mas bienes solo el ingreso de mi sueldo.
mi pregunta. como seria el proceso de aquí en adelante pues no tengo la capacidad económica de pagar un abogado y desconozco el procedimiento si me exoneran de las deudas o debo pagar un porcentaje
si alguien lo sabe por favor informarme ya que no veo ninguna experiencia en la web sobre éste tema.
un saludo.

Reply

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*