El artículo 236.3 de la Ley de Sociedades de Capital, en la redacción dada por la Ley 31/2014, señala:

Presupuestos y extensión subjetiva de la responsabilidad

La responsabilidad de los administradores se extiende igualmente a los administradores de hecho. A tal fin, tendrá la consideración de administrador de hecho tanto la persona que en la realidad del tráfico desempeñe sin título, con un título nulo o extinguido, o con otro título, las funciones propias de administrador, como, en su caso, aquella bajo cuyas instrucciones actúen los administradores de la sociedad.

Tal y como señala Sánchez Calero, “una de las tendencias más notorias del Derecho de sociedades pasa por el endurecimiento de la responsabilidad de los administradores sociales. Una tendencia que comienza por lo básico: ampliar los sujetos sometidos a esa responsabilidad”. De tal modo, la Ley de Sociedades de Capital (LSC) y la Ley Concursal (LC) comparten la equiparación entre administradores de derecho y de hecho. Igualmente, en el ámbito tributario, la responsabilidad de los administradores se extiende a los administradores tanto de hecho como de derecho.

clouds

El problema fundamental es determinar qué se entiende por administrador de hecho. Esta cuestión debe abordarse necesariamente desde la constatación de lo que no es el administrador de hecho. Se trata de un administrador irregular que carece de la legitimación del administrador de derecho. El administrador de hecho se halla desposeído de las facultades definitorias del administrador de derecho como son las de formular las cuentas  anuales o convocar la junta general.

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (JUR201511394), profundiza en los criterios manejados por la jurisprudencia para señalar a una persona como administrador de hecho.

1.   “Tradicionalmente en el ámbito mercantil se venía entendiendo que el administrador de hecho era aquel que, ejerciendo como tal no llegaba a ostentar el cargo de forma legítima, bien porque su nombramiento estaba viciado, bien porque incurrió en alguna causa de incapacidad o inhabilitación, o bien porque caducó su cargo. La STS de 26 de enero de 2007, plasma dicha ampliación de concepto: Será administrador de hecho quien sin ostentar formalmente la condición de administrador de la sociedad, ejerza poderes de decisión de la sociedad y concretando en él los poderes de un administrador de derecho. Es la persona que, en realidad manda en la empresa, ejerciendo en los actos de administración, de obligación de la empresa, aunque formalmente sean realizadas por otra persona que figure como su administrador”.

2.         “Con carácter amplio, administrador de hecho será quien ejerce efectivamente el cargo al margen de un formal y válido nombramiento, encuadrando dentro de dicha categoría al llamado administrador oculto, esto es, la persona que real y efectivamente ejerce las funciones de administrador de la sociedad, coexistiendo con un administrador de derecho (que figura como tal frente a terceros) y en connivencia con él, el cual de facto se somete sin cuestionamiento a las decisiones del primero y, cuando es preciso, las ejecuta formalmente firmando los pertinentes documentos”. De tal modo, el elemento esencial que define al administrador de hecho es la autonomía o falta de subordinación a un órgano de administración social.

¿Es el apoderado un administrador de hecho?

La Agencia Tributaria, para derivar responsabilidad subsidiaria a los administradores de hecho, utiliza frecuentemente esta equiparación. Hacienda considera clave determinar quién es apoderado en las cuentas bancarias de la sociedad. No obstante, se trata de una equiparación demasiado simplista, igualando el manejo efectivo de las cuentas con el control y gestión de una sociedad. A este respecto, la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de febrero de 2008, señala que “la condición de administrador de hecho no abarca, en principio, a los apoderados, siempre que actúen por mandato de los administradores o como gestores de éstos”. Señala el Alto Tribunal que la característica del administrador de hecho no es la realización material de determinadas funciones, sino la actuación en la condición de administrador. Sin embargo, sí puede equipararse el apoderado al administrador de hecho en aquellos supuestos en que la prueba acredite tal condición en su actuación. Esto ocurre cuando se advierta “un uso fraudulento de la facultad de apoderamiento a favor de quien realmente asume el control y gestión de la sociedad con ánimo de derivar el ejercicio de acciones de responsabilidad hacia personas insolventes” (SSTS 23 marzo 2006).

Por último, debe citarse la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de las Palmas de Gran Canaria (JUR 2011/275524). Esta sentencia, en base a los argumentos ya comentados, analiza las figuras de los administradores notorios, de los administradores ocultos, de los apoderados, y del socio único mayoritario. Sobre este último afirma la sentencia que “la sociedad dominante no podrá considerarse como administrador de hecho de la sociedad filial concursada cuando la actuación de su administrador o administradores no haya sido realizada por cuenta y en interés de la sociedad dominante, sino en su propio y exclusivo interés, cuando las instrucciones o directrices recibidas por la sociedad concursada no tienen un carácter ‘orgánico’ pues no han sido adoptadas respetando las exigencias de procedimiento y competencia que disciplinan la actuación de los órganos societarios y no pueden por tanto considerarse propiamente como la voluntad de la sociedad dominante, en cuyo caso serán estas personas físicas y no la sociedad dominante, quienes tendrán la consideración de administradores de hecho de la sociedad filial concursada”.

Como vemos, el citado artículo 236.3 LSC ha incorporado algunas de las contribuciones jurisprudenciales comentadas, facilitando a los jueces la atribución de la condición de administrador de hecho. No obstante, la condición de administrador de hecho debe siempre probarse. Una situación o condición de hecho que opera como presupuesto de una imputación de responsabilidad (incluso en el ámbito penal) requiere siempre una actividad probatoria diligente y proporcionada a cada supuesto.

 

Comparte este post en:

¿Tienes alguna duda? Envíanos un correo y contactaremos contigo de inmediato. Consulta aquí

Written by carlos guerrero

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*