Hablábamos en este post sobre los requisitos exigible para la validez de la convocatoria de la Junta mediante correo electrónico.

La LSC establece, como fórmula general, la convocatoria mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad, siempre que ésta cumpla los requisitos previstos en el artículo 11 bis. Asimismo, se mantiene la tradicional forma de convocatoria mediante su publicación en el BORME y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia en que esté situado el domicilio social.

Adicionalmente, en sustitución de la forma de convocatoria anterior, los estatutos podrán establecer que la convocatoria se realice por cualquier procedimiento de comunicación individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en la documentación de la sociedad.

Recientemente, la Dirección General de los Registros y del Notariado ha vuelto a pronunciarse sobre este tema en su Resolución de 15 de enero de 2015. En este caso, la DGRN estima el recurso interpuesto contra la calificación negativa del registrador, quien se negó a inscribir determinados acuerdos sociales, basándose en un defecto en la convocatoria de la Junta. El registrador manifestó que “La junta ha sido convocada mediante correo electrónico, sin que cumpla el requisito exigido en el artículo 5 de los estatutos «mediante el uso de la firma electrónica..”.

El citado artículo de los Estatutos Sociales establecía que “la convocatoria se comunicará a los socios a través de procedimientos telemáticos, mediante el uso de firma electrónica. En caso de no ser posible se hará mediante cualquier otro procedimiento de comunicación, individual y escrito que asegure la recepción por todos los socios en el lugar designado al efecto o en el que conste en el libro de registro de socios”.

 

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La DGRN otorga validez a la comunicación de la convocatoria mediante correo electrónico, en base a los siguientes argumentos:

1.”La previsión estatutaria sobre la forma de convocatoria de la junta general debe ser estrictamente observada, sin que quepa la posibilidad de acudir válida y eficazmente a cualquier otro sistema. El derecho de asistencia a la junta general que a los socios reconoce el artículo 93 LSC ha de ser integrado con el de ser convocados para ello, y no de cualquier forma, sino a través de la específicamente prevista a tal fin, en cuanto será la única a través de la que esperarán serlo y a la que habrán de prestar atención. Con tales requisitos se pretende garantizar al socio una publicidad que le permita conocer, con la suficiente antelación, las cuestiones sobre las que es llamado a pronunciarse y reflexionar detenidamente sobre el sentido del voto por emitir”.

2. “En el presente caso, si los estatutos se limitaran a exigir para toda convocatoria de junta general que sea comunicada a los socios «a través de procedimientos telemáticos, mediante el uso de firma electrónica», la calificación impugnada debería ser confirmada. Lo que ocurre es que la propia disposición estatutaria sobre la convocatoria no contempla dicho sistema como forma única y exclusiva sino como preferente, pues previene una forma supletoria, para el caso de que aquella comunicación mediante uso de la firma electrónica no sea posible, cual es «cualquier otro procedimiento de comunicación, individual y escrito que asegure la recepción por todos los socios en el lugar designado al efecto o en el que conste en el libro registro de socios…”.

De acuerdo con los expuesto, se admite la validez de la convocatoria de la junta mediante correo electrónico, sin que sea exigible el uso de firma electrónica, siempre que dicho sistema se complemente con algún procedimiento que permita el acuse de recibo del envío como, por ejemplo, serían la solicitud de confirmación de lectura, u otros medios que permitan obtener prueba de la remisión y recepción de la comunicación). Igualmente, según la Doctrina del Tribunal Supremo, acreditada la remisión y recepción de la comunicación postal, incumbiría al social la prueba de la falta de convocatoria.

Se pretende, en definitiva, facilitar la fluidez del tráfico jurídico, evitando la reiteración de trámites y costes innecesarios, que no proporcionen garantías adicionales.

 

 

 

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Written by carlos guerrero

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