La reforma del Código Penal, aprobada el pasado mes de marzo, introduce importantes novedades en el ámbito de la responsabilidad societaria.

La reforma llevada a cabo en el 2010 introdujo el concepto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el artículo 31 bis del Código Penal. De tal modo, las personas jurídicas pueden ser penalmente responsables en dos supuestos:

1) delitos cometidos por administradores en beneficio de la entidad y

2) delitos cometidos por empleados en provecho de la entidad,por no haberse ejercido sobre ellos el debido control

La última reforma pretende delimitar el concepto del “debido control”, permitiendo a las empresas quedar exoneradas de su posible responsabilidad penal. Así, se deberá implantar un plan de cumplimiento penal o de previsión de delitos, también conocido como ”compliance management system”.

La reforma, cuya entrada en vigor se producirá el 1 de julio del presente año, posibilita la exención de la responsabilidad penal de las empresas, tanto en los casos en que el delito se cometa por quienes ostentan facultades de organización y control o  administradores, como si se lleva a cabo por empleados dependientes de aquellos, si por parte de la entidad, y antes de la comisión del delito se hubieran adoptado, con eficacia, modelos de organización y gestión que incluyan las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.

 

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Contenido del plan de previsión de delitos.

Según Luis Cazorla, “el plan debe contar con una serie de elementos básicos tales como  la existencia de un compliance officer, un canal de denuncias, un mapa de riesgos, un código de sanciones, medidas de reparación, etc. Además, el plan debe actualizarse constantemente y adaptarse al funcionamiento de la empresa”.

1. El mapa de riesgos debe permitir la identificación de las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos a prevenir.

2. Protocolo de toma de decisiones. La existencia de procedimientos que especifiquen el proceso de formación de acuerdos de la persona jurídica.

3. Modelo de gestión de los recursos financieros

4. Canal ético. El modelo exige la implantación de la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y la observancia del modelo de prevención

5. Sistema disciplinario, el cual sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas impuestas por el modelo,

6. Verificación periódica. La vigencia del modelo no es indefinida; debe actualizarse y ser coherente con las necesidades específicas de la empresa en cuestión. El compliance penal no puede ser un mero documento, válido para cualquier empresa, sino que debe responder al compromiso efectivo de la compañía y sus órganos directivos en la implantación de una política real, tangible, adecuada al caso concreto,

Si se llega a cometer el ilícito penal, la exención de la empresa dependerá de la prueba del cumplimiento del compliance penal. SI se acredita totalmente tal cumplimiento y la idoneidad del modelo, la empresa quedará exenta de responsabilidad penal. En otro caso,  la acreditación parcial servirá como atenuante de la posible pena.

Esta exigencia de un modelo de compliance penal obligará a las empresas a incurrir en importantes costes. Queda por ver si permite realmente la reducción de los ilícitos penales en el ámbito empresarial. Además de otras complicaciones, los conflictos de interés, en el caso de delitos cometidos por trabajadores, serán frecuentes, ya que la empresa deberá demostrar que el directivo o empleado que cometió el delito lo hizo sorteando los controles establecidos por la entidad.

 

 

 

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Written by carlos guerrero

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