La Resolución de 9 de abril de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado analiza, con un tono más formalista de lo habitual, el derecho de información en la fusión.

Se trata de una fusión de sociedades unipersonales y con la misma persona como único socio. En la escritura consta que se ha “comunicado directamente a todos los acreedores dichos acuerdos mediante carta certificada con acuse de recibo”.

La registradora suspende la inscripción por tres motivos:

1º. No consta el acuerdo de aprobación, como balance de fusión, del balance correspondiente al último ejercicio, cerrado el 31 de diciembre de 2013. La Ley 3/2009 dispone que “el último balance de ejercicio aprobado podrá considerarse balance de fusión, siempre que hubiere sido cerrado dentro de los seis meses anteriores a la fecha del proyecto de fusión”. Es decir, no es suficiente que el balance cumpla el requisito temporal mencionado, sino que la Junta debe pronunciarse expresamente sobre su aprobación como balance de fusión.

2º. No basta que la escritura de fusión contenga la manifestación relativa al modo concreto y la fecha en que se ha llevado a cabo la comunicación individual a los acreedores sobre los acuerdos de fusión adoptados, sino que debe resultar de dicha escritura el contenido de dicha comunicación “en la que es necesario que conste el derecho de los acreedores de obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y del balance de fusión, así como el derecho de oposición que corresponde a los acreedores”.

3º. Debe manifestar el otorgante que ha sido puesto a disposición de los acreedores el texto íntegro del acuerdo adoptado y del balance de la fusión.

Ante el recurso del notario, la registradora únicamente mantiene el tercer defecto. La DG confirma el único defecto recurrido.

Considera la DG que “el presupuesto del derecho de oposición es precisamente el ejercicio previo del derecho de información, pues sin su debida cumplimentación el ejercicio responsable e informado de aquél queda imposibilitado o cercenado…”. Además, de la normativa vigente resulta que “no sólo es necesario que la comunicación individual a los acreedores exprese el derecho de los mismos a obtener los documentos necesarios para considerarse respetado su derecho de información sino que se impone, como garantía adicional, que en la elevación a público de los acuerdos de fusión el otorgante confirme que dicha obligación de puesta a disposición de los correspondientes documentos ha sido cumplida”.

Con esta resolución, la DG mantiene una postura excesivamente formalista, alejada de otras resoluciones anteriores, en las que se mostraba partidaria de un criterio mucho más flexible a la hora de interpretar el cumplimiento del derecho de información.

De acuerdo con este criterio, aunque del anuncio resulte cumplido el derecho de información, ha de reiterarse que ese derecho de información se ha cumplido. Se trata de una redundancia escasamente lógica, contraria a la simplificación procedimental que debe exigirse a las leyes mercantiles, tal y como señalan los notarios y registradores.

 

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Written by carlos guerrero

1 Comment

Miguel Pappenheim

Interesante post. Comentar simplemente que nosotros tuvimos un caso muy similar respecto de una calificación negativa registral que recurrimos por considerar que el derecho de oposición no puede paralizar la reestructuración empresarial en el trámite registral, y así lo entendió la DGRN al revocar dicha calificación.

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