El Tribunal Supremo, en su sentencia de 29 de abril de 2015, realiza una interpretación más restrictiva del tipo delictivo previsto en el artículo 301 del Código Penal, es decir, del conocido como blanqueo de capitales

Debido probablemente a lo frecuente de su comisión, el delito de blanqueo de capitales ha experimentado una notable “expansión” jurídica. El Alto Tribunal precisa qué conductas son las perseguidas por la norma penal. La cuestión, en esencia, resulta sencilla. Se trata del dolo, indispensable para que una conducta reprochable pueda quedar encuadrada en el ámbito penal. La tipicidad de la conducta requiere, además de una faceta objetiva, otra subjetiva. El elemento subjetivo implica el conocimiento por parte del agente de los elementos de la tipicidad objetiva. Es decir, el riesgo inherente a la conducta desarrollada ha de ser conocido y querido por el sujeto, sin que sea necesario que conozca también el carácter prohibido de su conducta, lo cual no es objeto del dolo,  sino de la culpabilidad.

 

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El artículo 301 del Código Penal sanciona específicamente el autoblanqueo, es decir el blanqueo de ganancias que tengan su origen en una actividad delictiva cometida por el propio blanqueador. No obstante, una interpretación excesivamente laxa de la acción típica conduce a resultados que en los casos de autoblanqueo pueden ser vulneradores del principio non bis in ídem.

El Tribunal Supremo perfila el delito de blanqueo y precisa que la mera tenencia o utilización de fondos ilícitos en gastos ordinarios de consumo, como por ejemplo pagar el alquiler de una vivienda, no constituye delito de autoblanqueo por sí solo, si no concurre además una finalidad u objeto de encubrir u ocultar los bienes.

La mencionada sentencia repasa toda la doctrina jurisprudencial sobre el blanqueo de capitales, así como las reformas legales sobre este delito para concluir  con la esencia del mismo. Su característica principal, señala el Supremo, “no reside en el mero disfrute o aprovechamiento de las ganancias ilícitas, sino que se sanciona ‘el retorno’ como procedimiento para que la riqueza de procedencia delictiva sea introducida en el ciclo económico”.

La sentencia incluye numerosas situaciones que se han producido hasta ahora en relación con este delito para precisar las conductas que deben ser sancionadas, puesto que como indica la propia sentencia, “introducir este delito en el código penal es un instrumento idóneo para combatir la criminalidad organizada, que directa o indirectamente se apoya en la generación de riqueza ilícita y en su retorno encubierto al circuito legal de capitales”.

De tal modo, “la mera tenencia o la utilización de fondos ilícitos en gastos ordinarios de consumo (por ejemplo el pago del alquiler de la vivienda), o en gastos destinados a la propia actividad del tráfico (por ejemplo, el pago de billetes a la República Dominicana para los correos de la droga), no constituye autoblanqueo pues no se trata de actos realizados con la finalidad u objeto de ocultar o encubrir bienes, para integrarlos en el sistema económico legal con apariencia de haber sido adquiridos de forma lícita.

La finalidad de ocultar o encubrir bienes, para integrarlos en el sistema económico legal con apariencia de haber sido adquiridos de forma lícita,debe apreciarse en las compras de vehículos puestos a nombre de terceros,pues la utilización de testaferros implica en cualquier caso la intención de encubrir bienes. Esta misma finalidad puede apreciarse, con carácter general, en los gastos de inversión (adquisición de negocios o empresas, de acciones o títulos financieros, de inmuebles que pueden ser revendidos, etc.), pues a través de esas adquisiciones se pretende, ordinariamente, obtener, mediante la explotación de los bienes adquiridos, unos beneficios blanqueados, que oculten la procedencia ilícita del dinero con el que se realizó su adquisición”.

Es esta finalidad la que exige el Supremo para poder condenar por este delito y al mismo tiempo evitar excesos, como el de sancionar por autoblanqueo al responsable de la actividad delictiva antecedente (en el caso de la sentencia, el tráfico de drogas) por el mero hecho de adquirir los bienes que son consecuencia necesaria e inmediata de la comisión del delito. La esencia del tipo es, por tanto, la expresión “con la finalidad de ocultar o encubrir el origen ilícito”.

 

 

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Written by carlos guerrero

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