Hace unos días se publicó la Circular 1/2016, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal. Puedes consultarla en este enlace.

Se ha escrito mucho y bien sobre la citada reforma, así que me voy a centrar en la reciente Circular de la Fiscalía General del Estado, y en concreto, sobre el “régimen especial de las personas jurídicas de pequeñas dimensiones”, que son la inmensa mayoría de compañías en España.

Antes de profundizar en este apartado de la Circular, paso a comentar la noticia que hoy se ha publicado en Expansión Jurídico, ya que tiene una enrome repercusión en relación a la responsabilidad de las empresas en este asunto.

El mencionado artículo comienza de esta manera;

“Para evitar posibles responsabilidades penales, las compañías deberían exigir por contrato a terceros con los que trabajen que cuenten con programas de prevención y cumplimiento normativo.

La responsabilidad penal de las empresas, como personas jurídicas, afecta no sólo a los delitos que se cometan en el seno de su organización, sino también a los que puedan cometer terceros como proveedores, subcontratas o autónomos que presten sus servicios a la compañía.

Así lo prevé el Código Penal, que exige deberes de supervisión, vigilancia y control sobre todos aquellos que puedan estar sometidos a la autoridad de los responsables de la compañía, como puede suceder cuando se encarga un determinado servicio a otra firma. Eso sí, para que se considere que la empresa es responsable, ese delito tiene que haberle reportado algún beneficio, ya sea de forma directa o indirecta.”

Ejemplo de responsabilidad penal corporativa

“Sería el caso, por ejemplo, de un agente comercial autónomo que preste sus servicios a la compañía y que, para conseguir un contrato, soborne a funcionarios públicos (con conocimiento o no de la empresa), o una asesoría fiscal contratada por la compañía que cometa un delito en beneficio de esta última.

La reciente circular de la Fiscalía sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas incide en esta cuestión, advirtiendo que basta con que quienes cometan el delito estén bajo la dirección, supervisión, vigilancia o control de la compañía, sin que sea necesario que se establezca “una vinculación formal con la empresa a través de un contrato laboral o mercantil, quedando incluidos autónomos o trabajadores subcontratados“.

Con ello, se promueve que las empresas sean conscientes de que pueden ser responsables penalmente del trabajo que encarguen a un tercero y no busquen eludir responsabilidades.”

Responsabilidad penal corporativa de pequeñas empresas

La Circular 1/2016, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal, estipula en su apartado 5.5, lo siguiente,

“El apartado 3 del art. 31 bis contiene un régimen especial para las personas jurídicas de pequeñas dimensiones, consideradas como tales, con arreglo a un criterio contable, aquellas sociedades autorizadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada.

La única especialidad que el Legislador dispensa a estas entidades consiste en eximirlas del cumplimiento de la condición segunda del apartado anterior, de modo que las funciones del oficial de cumplimiento las desempeñe directamente el órgano de administración. Se mantiene, por lo tanto, la obligación de adoptar los modelos de organización y gestión, con los requisitos contemplados en el apartado 5.

No obstante tal obligación, las características de los modelos de organización y control de estas personas jurídicas de pequeñas dimensiones deberán acomodarse a su propia estructura organizativa, que no puede compararse con la de las empresas dotadas de una organización de cierta complejidad, que les viene en buena medida legalmente impuesta.

Estas pequeñas organizaciones podrán, por lo tanto, demostrar su compromiso ético mediante una razonable adaptación a su propia dimensión de los requisitos formales del apartado 5, que les permita acreditar su cultura de cumplimiento normativo, más allá de la literalidad del precepto y en coherencia con las menores exigencias que estas sociedades tienen también desde el punto de vista contable, mercantil y fiscal.”

Sin duda, la Circular de Fiscalía, apunta a la obligatoriedad de los programas de prevención y cumplimiento normativo, aunque adaptadas a las dimensiones de la compañía, pero con las mismas exigencias de rigor que cualquier gran empresa.

Cómo prevenir la responsabilidad penal corporativa

En definitiva, con motivo de la reciente entrada en vigor de la reforma del Código Penal, es preciso adoptar ciertas medidas a los efectos de evitar la responsabilidad penal de las empresas.

En este sentido, es necesario realizar un análisis-diagnóstico de riesgos e implementar ciertas medidas, adoptando un protocolo interno de actuación.

Desde Fornesa Abogados, asesoramos en todo el proceso para para implementar las medidas necesarias a efectos de evitar dicha responsabilidad.

Si estás interesado en recibir más información al respecto, contacta conmigo aquí.

 

 

 

 

 

 

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Written by carlos guerrero

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