En este caso se trata de la resolución de 27 de enero de 2016, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador mercantil y de bienes muebles I de Vizcaya, por la que se deniega la inscripción de un acta notarial de junta general de una sociedad en la que se cesa a su administrador único y se nombra a otro.

Los hechos son los siguientes:

Los socios de una S.L solicitan la convocatoria judicial de la junta ante la negativa de la administradora. El Juzgado de lo Mercantil requiere a la administradora para que alegue lo que le convenga. La administradora no alega nada en relación al asunto.. El Juzgado de nuevo requiere al órgano de administración para que convoque la junta. Finalmente la junta se convoca mediante anuncios y la misma se celebra acordando la destitución de la administradora. Por último el Registrador deniega la inscripción del cese y nombramiento del nuevo administrador, porque los estatutos inscritos señalan como medio de convocatoria de la junta «carta certificada a cada uno de los socios en el domicilio señalado al efecto en el Libro de Socios» y en este caso no se hizo de esta manera, al procederse tal y como el juzgado había estipulado.

En mi opinión, los socios de la compañía, siguen al pie de la letra, la resolución dictada por el juzgado. Por tanto, que ahora el Registrador y la DGRN, no lo consideren ajustado a derecho, me parece desproporcionado y bastante desacertado, ya que es el anterior órgano de administración quien impide en todo momento la convocatoria de la junta, hasta el punto de obligar a la amplia mayoría de socios a convocar judicialmente.

Los argumentos de la DGRN, entre otros son los siguientes,

En segundo lugar, parece conveniente añadir que de dicha documentación se desprende que fueron notificadas a la administradora y socia no asistente: la solicitud del socio instando la convocatoria -no compareciendo ni oponiéndose-; el auto judicial en que a dicha solicitud se accedía, acordando la convocatoria, y acordando asimismo se celebraría en el día y hora que señalase la misma administradora y socia; que la misma no señaló día ni hora ninguna, por lo que el juzgado encomendó dicho señalamiento al socio instante de la convocatoria, que así lo hizo. Pero lo que no resulta acreditado es que la convocatoria, con su fecha y hora ya señaladas (contenido esencial de toda convocatoria –artículo 174 de la Ley de Sociedades de Capital–), fueran notificadas personalmente a la socia que, a la postre, no acudió a la junta. Conjunto de circunstancias que impedirían la aplicación de la doctrina de las citadas Resoluciones de este Centro Directivo de 24 de noviembre de 1999 y 28 de febrero de 2014.

En consecuencia, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación del registrador.

 

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Written by carlos guerrero

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