El 21 de julio, la DGRN publicó una resolución en la que se estima el recurso contra la denegación, por parte del Registro Mercantil de Palma de Mallorca, de la inscripción de la siguiente cláusula estatutaria:

El cargo de administrador será gratuito, a excepción del desempeño por el Consejero Delegado Don C. B. H., el cual desempeñará funciones de dirección efectiva de la sociedad, que será remunerado, mediante la formalización de un contrato de trabajo y causando alta en la Seguridad Social. El importe de dicha retribución se acordará anualmente en Junta General Ordinaria de Socios”.

El Registrador Mercantil alegó lo siguiente,

“ (….) 1. Debe determinarse el sistema de retribución del consejero delegado (Aº 217 LSC).”

Por otro lado, el Notario autorizante, interpuso recurso y alegó lo siguiente:

“. El artículo 217 de la Ley de Sociedades de Capital dispone en su número 3 que “El importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores en su condición de tales deberá ser aprobado por la junta general y permanecerá vigente en tanto no se apruebe su modificación”.

El artículo 249 LSC, en su actual redacción, vincula las retribuciones del Consejero Delegado, en su caso, a un contrato a formalizar entre la sociedad y el Consejero Delegado, si bien “El contrato deberá ser conforme con la política de retribuciones aprobada, en su caso, por la junta general”. La previsión estatutaria que se ha formalizado en escritura y cuya inscripción deniega el Registrador, precisamente contempla la existencia de “un contrato de trabajo”, añadiendo que “el importe de dicha retribución se acordará anualmente en Junta General Ordinaria de socios”, lo que resulta conforme con el número 3 del artículo 217 LSC y garantiza que, como dispone la ley, las retribuciones dimanantes del contrato se ajustarán a la política de retribuciones que aprueba la propia junta general. “.

Finalmente, se estima el recurso en base a las siguientes consideraciones,

“De las anteriores consideraciones se desprende que debe admitirse una cláusula estatutaria que, a la vez que establezca el carácter gratuito del cargo de administrador –con la consecuencia de que no perciba retribución alguna por sus servicios como tal– añada que el desempeño del cargo de consejero delegado será remunerado mediante la formalización del correspondiente contrato. Y a esta remuneración por el ejercicio de funciones que, al ser añadidas a las deliberativas, constituyen un plus respecto de las inherentes al cargo de administrador «como tal» no es aplicable la norma del artículo 217.2 LSC que impone la reserva estatutaria del sistema de retribución de los administradores en cuanto tales. Por ello, ninguna objeción puede oponerse a la disposición estatutaria que exige que el importe de dicha remuneración se acuerde anualmente en junta general de socios; previsión que, por lo demás, se ajusta a la exigencia legal de que el referido contrato sea «conforme con la política de retribuciones aprobada, en su caso, por la junta general» (artículo 249, apartado 4 i.f. de la misma Ley)”.

En definitiva, la resolución estima el recurso, en base a que la remuneración que percibe el consejero delegado, lo es por funciones añadidas a las funciones deliberativas (función de estrategia y control) inherentes al cargo de administrador. Es por ello, que en la función ejecutiva (la función de gestión ordinaria que se desarrolla individualmente mediante la delegación orgánica o en su caso contractual de facultades ejecutivas), no es aplicable el artículo 217.2 de la LSC., que impone la reserva estatutaria del sistema de retribución de los administradores.

 

 

Comparte este post en:

¿Tienes alguna duda? Envíanos un correo y contactaremos contigo de inmediato. Consulta aquí

Written by carlos guerrero

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*