Los cimientos del derecho laboral ponen en jaque a las plataformas de la economía colaborativa.

Oct 31
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Los cimientos del derecho laboral ponen en jaque a las plataformas de la economía colaborativa.

La semana pasada se publicó esta noticia en el País, sobre el “nuevo revés judicial para Uber, esta vez en el Reino Unido donde un tribunal laboral acaba de dictaminar que los conductores de la empresa de transporte compartido no son autónomos sino sus empleados y, por tanto, tienen el derecho a recibir el salario mínimo y días festivos y descansos vacacionales retribuidos. La sentencia, que es recurrible, puede afectar a decenas de miles de trabajadores británicos de compañías con un modelo similar de negocio, basado en la llamada economía colaborativa que se apoya en las nuevas herramientas digitales.”

Por otro lado, hoy en La Vanguardia, leo esto otro,

“La economía de las plataformas está causando una precarización del empleo. Así lo reconocen los expertos y los asistentes al último encuentro Ouishare sobre el mundo colaborativo que tuvo lugar la pasada semana en Barcelona. Estas firmas, conscientes de que la situación de inseguridad jurídica perjudica el sector, piden a gritos una intervención del legislador.”

La economía colaborativa pide más regulación. Tal y como en su día solicitaron las startups del sector fintech. En este caso, son conscientes que tal y como está regulado actualmente, existen serias dudas en relación a la posible relación laboral entre la plataforma que intermedia y el trabajador o autónomo que presta el servicio.

Esta situación ya ha provocado en España el cierre de algunas startups, tal y como se comenta en el artículo de La Vanguardia,

“En España, la plataforma de limpieza a domicilio Eslife se vio obligada a cerrar a raíz de una inspección de Trabajo. El riesgo para las empresas es de gran magnitud porque, tal y como recuerda Mercader, “una inspección laboral puede en ciertos casos acabar con una empresa emergente”.

De hecho, el riesgo de cierre de startups pertenecientes a la llamada economía colaborativa, es muy alto, y es esta misma inseguridad la que provoca que el sector clame por una regulación más acorde con la realidad actual.

De momento, no existe ninguna voluntad de regular “de otra manera” esta situación. Las startups siguen creando modelos de negocio en los que actúan como meros intermediarios, asumiendo un riesgo muy elevado, y el legislador mira hacia otro lado.

Las recientes sentencias de otros países, así como las actuaciones administrativas y alguna resolución judicial en España, van estrechando poco a poco el margen de actuación de las plataformas digitales de intermediación.

El problema o el riesgo de estas startups no solamente estriba en su posible cierre, también comienza a verse en el horizonte un posible riesgo penal. No sería mala idea, implementar un protocolo de prevención de riesgos penales para el universo de la economía colaborativa o “sharing economy”.

Ahí lo dejo.

 

 

 

1 Comment

  1. Joaquin Casanovas
    31st octubre 2016 at 8:01 pm · Responder

    Hola Carlos.
    En mi opinión el problema no existe tanto en el planteamiento de la economía colaborativa. Yo creo que el ET es claro en su art. 1 cuando remite a un planteamiento más conceptual, que requiere un análisis específico para cada caso. En principio mientras se reúnan los requisitos del art 1. estaríamos ante una relación estrictamente laboral, y eso es lo que debe estar fuera de toda duda. Los requisitos del art 1. ET son claros. Un problema más intenso se podría plantear en el teletrabajo o en trabajos en remoto y en principio son problemas que están medianamente resueltos. Eso no quita que la misma evolución de las formas de trabajar de las empresas vayan evolucionando y creen nuevas situaciones que vuelvan a modificar los escenarios laborales actuales. Una vez más deberemos analizar si ese art. 1 resolvería el posible problema que se pueda plantear o, deberíamos cuestionarnos la propia naturaleza de la relación laboral tal cuál está redactada en dicho art.1.
    Un abrazo.

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