La Ley 11/2018 introdujo importantes novedades en materia de información no financiera para determinadas sociedades. Así, además de modificar el Código de Comercio, la Ley de Sociedades del Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas, la nueva norma impulsa la transparencia y el compromiso social de las empresas.

En materia de información no financiera se ha concretado el contenido de la que debe incorporar la empresa a sus informes anuales. Tal información tomará la forma de “estado de información no financiera” o de “Informe de Responsabilidad Social”.

Ya hablamos hace unos días de la importancia que tiene la información no financiera en el informe de gobierno corporativo, en relación al MaB. Sin embargo esta ley no se limita a detallar la información no financiera que debe constar en estos informes, sino que especifica el modo de verificarla y auditarla.

A quién se aplica la ley 11/2018

Esta ley se aplica a sociedades o grupos que formulen cuentas consolidadas y además:

  • Cuenten con 500 trabajadores o más en plantilla.
  • Se consideren de interés público o durante dos ejercicios consecutivos reúnan dos de estas tres características:
    • Su activo consolidado sea superior a dos millones euros.
    • El importe de su cifra de negocios consolidada ascienda a cuatro millones de euros.
    • Su plantilla supere los 250 trabajadores.

Así, la obligación de formular este tipo de información no financiera no decaerá hasta que no pasen dos años desde que se dejen de cumplir los requisitos señalados.

El objetivo no solo es disponer de métricas que arrojen una imagen fiel de la composición de estos órganos, sino también garantizar el cumplimiento de objetivos de igualdad y diversidad.

Obligaciones en materia de información no financiera a tenor de la ley 11/2018

El estado de información no financiera pretende ofrecer una perspectiva que permita comprender la situación y evolución de la empresa en materia de:

  • Impacto medioambiental y social.
  • Respeto de los Derechos Humanos.
  • Lucha contra la corrupción y el soborno.
  • Cuestiones de personal, especialmente centradas en materia de accesibilidad e igualdad.

Contenido del estado de información no financiera

El estado de información no financiera debe incluir:

  • Información corporativa. En concreto, al respecto del modelo de negocio, la estructura del grupo, sus objetivos y estrategias. Al analizar estas cuestiones la empresa tendrá que incluir sus procedimientos de diligencia, así como indicadores de resultados no financieros. A la hora de introducir tales indicadores, la sociedad debe vincularse a los principios de:
    • Comparabilidad.
    • Materialidad.
    • Relevancia.
    • Fiabilidad.
  • Información sobre aspectos medioambientales. Las sociedades deben informar sobre sus externalidades, en particular:
    • Contaminación. Medidas de prevención, reducción o reparación de emisiones. Se incluyen en este apartado fuentes de contaminación acústica y lumínica.
    • Economía circular. Medidas de prevención, reciclaje, reutilización y recuperación de desechos.
    • Uso sostenible de recursos. Además, debe atender a las limitaciones locales y la eficiencia energética.
    • Cambio climático. Se trata de documentar las medidas de reducción del impacto y de prevención de la emisión de gases de efecto invernadero.
    • Protección de la biodiversidad. Medidas de preservación y restauración.
  • Aspectos laborales. También deben informar sobre cuestiones sociales, en particular:
    • Empleo. Número de trabajadores y distribución por sexo, edad, país y clasificación profesional. Debe incluirse el promedio de contratos indefinidos, temporales y a tiempo parcial. También debe informarse sobre brecha salarial, remuneración de consejeros y directivos y políticas de desconexión laboral.
    • Organización del trabajo. Se trata de informar de la organización del tiempo de trabajo, del nivel del absentismo y de las medidas de conciliación.
    • Salud y seguridad. Las sociedades deben informar no solo de los datos relativos a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales sino también de las medidas adoptadas al respecto.
    • Relaciones sociales. Además, debe informarse al respecto de las medidas de diálogo social y los trabajadores cubiertos por convenios colectivos.
    • Accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
    • Igualdad. Por último, este apartado debe incluir los planes de igualdad y las medidas de promoción del empleo y contra la discriminación.
  • Derechos Humanos. Las compañías a las que resulte aplicable la norma deberán informar sobre la aplicación de protocolos de prevención y denuncia de las infracciones y de fomento de los Derechos Humanos. En este sentido se deben incluir las medidas adoptadas para la promoción y cumplimiento de la OIT.
  • Lucha contra la corrupción. Las sociedades también deben informar de las medidas contra la corrupción, el soborno y el blanqueo de capitales que implementen. Además deben informar de las cuantías destinadas a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro.
  • Impacto social. Por último, la empresa debe informar de su impacto en el empleo y desarrollo local. A esto debe añadir las relaciones mantenidas con las comunidades locales. En particular, debe informar sobre su impacto respecto a:
    • Subcontratación y proveedores. Se trata de informar sobre los criterios aquí considerados que afectan también a la hora de elegir a los proveedores y las subcontratas. Así mismo debe informarse de si se emplean sistemas de supervisión y auditoría y cuáles son.
    • Consumidores y usuarios. También se deben explicar las medidas implementadas en pro de la seguridad y salud de los consumidores. Es fundamental incluir información sobre los sistemas de reclamación y sobre las quejas recibidas.
    • Fiscalidad y tributos. La sociedad a la que resulte aplicable la ley deberá informar de los beneficios, impuestos y subvenciones obtenida en cada Estado en el que opere.

Esta información debe ser verificada por un auditor independiente. Además, si no se incluye alguno de estos elementos en el estado de información no financiera debe justificarse el motivo de la elusión.

Cómo se presenta la información no financiera según la Ley 11/2018

La información no financiera debe incluirse en el informe de gestión de la compañía. Por tanto, vendrá firmado por los administradores de la sociedad, que responden de su fidelidad. También irá verificada por un auditor independiente.

También puede presentarse por separado, siempre que se respeten los requisitos del informe de gestión. En este caso se habla de un informe de sostenibilidad o Responsabilidad Social Corporativa. Sin embargo, al margen del método elegido se deberán seguir marcos normativos internacionales o comunitarios, indicándose en el estado o informe el método elegido.

Estos informes se aprueban en la Junta General, requiriéndose la convocatoria como punto separado del orden del día. Además deben ofrecerse gratuitamente en la página web de la sociedad, dentro de los seis meses posteriores a la finalización del ejercicio y por período mínimo de cinco años.

Como excepción, las sociedades integrantes de un grupo que a su vez sean matrices de un subgrupo pueden prescindir de documentar esta información, siempre que ya lo haya hecho la sociedad dominante u otra del grupo. En este caso, la sociedad que evite la información deberá hacer referencia al depósito en el Registro Mercantil u oficina pública en que conste el informe de la superior.

Fuera de esta excepción, para que la sociedad prescinda del trámite de información deberá justificar el motivo por el cual no ha incluido la partida informativa.

Plazo de presentación del estado de información no financiera

Como se ha señalado, el estado de información no financiera acompaña las cuentas anuales y el informe de gestión. Por tanto, debe presentarse por los administradores en un plazo máximo de tres meses desde el cierre del ejercicio.

Otros aspectos modificados por la Ley 11/2018

La Ley 11/2018 introduce también otras novedades, siendo las más destacadas:

  • La acreditación de la realidad de aportaciones dinerarias en la constitución de una S.L., que es innecesaria en la medida en que los fundadores se comprometan a responder solidariamente frente a la sociedad y frente a terceros.
  • El plazo máximo de distribución de los dividendos queda fijado en doce meses desde el acuerdo de la Junta General.
  • Se flexibiliza el derecho de separación ante la falta de distribución de dividendos.
  • Prioriza la accesibilidad e igualdad de los accionistas, a efectos de acceder a la información y ejercer sus derechos de voto.

En definitiva, se trata de una norma destinada a mejorar la transparencia de las sociedades y facilitar la comprensión de su impacto social real. Cabe esperar que este tipo de leyes contribuyan a reducir las externalidades negativas de las corporaciones, toda vez que los inversores tienen muy en cuenta la información no financiera que acompaña las cuentas anuales. Si te han quedado dudas sobre la Ley 11/2018 o su aplicación o quieres compartir tu opinión al respecto, te invitamos a hacerlo en la sección de comentarios.

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Written by carlos guerrero

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