La reproducción asistida incluye un conjunto de técnicas que van ganando terreno en nuestro país y el mundo en general. Esto se debe a una creciente demanda y a los vertiginosos avances técnicos.

Pero todo progreso técnico pone sobre el tablero nuevas necesidades jurídicas y cuestiones éticas inexploradas hasta el momento. ¿Tenemos un marco jurídico adecuado para dar respuesta a estas necesidades?

Curiosamente, España es pionera en materia de reproducción asistida. No solo a nivel empresarial, sino también a nivel legislativo. Por eso hemos considerado interesante analizar el marco normativo en que se desenvuelven estas técnicas.

Para cerrar el artículo señalaremos algunas de las cuestiones que todavía tenemos que resolver, tanto en el plano jurídico como en el plano social. Se trata de dilemas éticos que aparecen de la mano de las nuevas soluciones tecnológicas. Empecemos.

El marco jurídico de la reproducción asistida en España

Actualmente, la norma fundamental en esta materia es la Ley 14/2006, sobre técnicas de reproducción humana asistida. Se trata de la actualización de la temprana Ley 35/1988 y su modificación de 2003.

Las leyes de reproducción asistida españolas siempre han destacado por brindar un amplio régimen de libertades, resultando precursoras de la legislación de los países de nuestro entorno.

Así, la Ley 14/2006:

  • Abandonó el sistema de lista cerrada de los métodos de reproducción asistida. Esto permite la introducción de nuevas técnicas y métodos experimentales, siempre que cuenten con el visto bueno de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.
  • Además, abrió las puertas al empleo de técnicas de reproducción asistida para prevenir enfermedades genéticas incurables.
  • Por otro lado, reconoció la participación autonómica en la autorización de proyectos de reproducción asistida. Participación que, como veremos, no está exenta de polémica.
  • También reforzó el sistema de información necesario para compensar la eventual asimetría que puede derivar de la concurrencia de instituciones públicas y privadas en la prestación de servicios de reproducción asistida.
  • Por último, incluyó un sistema de infracciones y sanciones, destacando la prohibición de la clonación humana con fines reproductivos, en línea con el Derecho de la Unión Europea.

La normativa de reproducción asistida desde una perspectiva comparativa

Aunque estos son los rasgos principales de la Ley 14/2006, un vistazo a las legislaciones de nuestro entorno arrojará luz sobre el modo en que está configurado nuestro marco jurídico en esta materia.

  • En primer lugar, cabe destacar la amplitud de sujetos que pueden someterse a técnicas de reproducción asistida. Así, en países como Francia, Alemania o Italia no se permite que las mujeres solteras accedan a estos tratamientos. De modo que nuestra Ley ampara todo tipo de estructuras familiares (monoparentales, homosexuales y heterosexuales).
  • En segundo lugar, nuestra Ley permite tanto la donación de semen como de óvulos. La donación de semen es una posibilidad extendida en los ordenamientos jurídicos, pero la donación de óvulos no está permitida en muchos países. Se establece, además, un sistema de anonimato que no permite identificar al donante (aunque sí algunos datos como los que pudieran afectar a la viabilidad del embrión).
  • En tercer lugar, nuestra Ley permite el diagnóstico preimplantacional y la selección de sexo cuando concurran enfermedades hereditarias ligadas al mismo.
  • Por último, nuestro ordenamiento es uno de los pocos del entorno que permite la fecundación post mortem. Es decir, si existe material genético conservado se admite su empleo en técnicas de reproducción asistida.

El escenario actual de la reproducción asistida

La Ley de Reproducción Asistida se concibió con finalidades terapéuticas. Su objetivo era permitir que parejas con problemas de infertilidad pudieran tener hijos propios, al tiempo que se establecía unos límites para las prácticas sanitarias y experimentales en este campo.

Pero si atendemos a los informes estadísticos del Registro de la Sociedad de Fertilidad Española veremos que el uso terapeútico está perdiendo terreno. Cada vez son más personas las que recurren a estas técnicas como forma de elección vital.

Así, el perfil de paciente de las clínicas de reproducción asistida comienza a incluir a:

  • Personas que congelan sus gametos para postergar su fertilidad.
  • Mujeres homosexuales o sin pareja que desean tener hijos propios.

De modo que la reproducción asistida comienza a entenderse no solo como una terapia, sino también como un instrumento de planificación vital.

La importancia de España en el sector

Este cambio de paradigma se produce en un mundo en que España se alza como líder del sector. No solo se trata de que tengamos una legislación favorable, sino de los efectos que esa legislación y nuestra cultura producen en este campo.

Por ejemplo, el 40 % de los europeos que viajan para someterse a este tipo de técnicas viene a España. De hecho, cerca del 10 % de los ciclos de reproducción que se realizan en el país corresponden a tratamientos a extranjeras.

Martín Varsavsky, fundador de compañías como Jazztel y otras empresas y startups de éxito, señala que España gestiona 100.000 ciclos de fertilidad, que es la mitad de los que se realizan es Estados Unidos (con una población casi 7 veces mayor y un PIB casi 11.000 veces mayor).

Este emprendedor ha saltado al sector de la reproducción asistida, con iniciativas como Prelude Fertility y Overture Life. La primera es ya la principal cadena de reproducción asistida en Estados Unidos.

Y, según indica, los otros dos grandes centros de fertilidad a nivel mundial (NMC e IVI) también están dirigidos por españoles.

Cuestiones éticas en torno a la reproducción asistida

Como ocurre siempre con los avances tecnológicos, la ética y el Derecho van a la zaga de la innovación. Esto requiere hacer un esfuerzo a la hora de encontrar respuestas y soluciones a nuevos problemas.

A continuación incluimos algunos de los dilemas éticos más socorridos en materia de reproducción asistida. Se podrá comprobar que estas cuestiones van a ocupar la práctica legislativa de los próximos años.

Maternidad tardía o diferida: las madres-abuelas

El número de mujeres que tienen hijos con más de 40 años se ha cuadruplicado desde que se aprobó la primera Ley de Reproducción Asistida. Las nuevas técnicas permiten a la madre diferir el momento del embarazo, llegando a permitir los partos viables a edades que antes parecerían imposibles.

Esto ha hecho que aparezca la cuestión de si se debe establecer un límite a la edad de la madre para recurrir a tratamientos de reproducción asistida. De hecho, nuestro ordenamiento jurídico sí establece un límite a la diferencia de edad entre el adoptante y el adoptando, que no puede superar los 45 años (artículo 175 del Código Civil).

Por tanto, nos encontramos no solo ante un dilema, sino también ante una especie de “vacío legal”, especialmente considerando que la filiación biológica y adoptiva gozan de igualdad en nuestro ordenamiento jurídico.

El límite de hijos nacidos del mismo donante

La cantidad de hijos que un donante puede tener está limitada por Ley. Se trata de este modo de contribuir a la diversidad y evitar eventuales problemas de endogamia.

Sin embargo, en un escenario en que las técnicas de información y de conservación han evolucionado, hay quien se pregunta si esta limitación no supondrá, en realidad, un límite injustificado  a la voluntad de las madres de tener varios hijos del mismo donante.

La maternidad subrogada

Este es uno de los temas candentes en la actualidad. En estos momentos, nuestro ordenamiento jurídico ni admite ni prohíbe la gestación subrogada.

Hay quien defiende fervorosamente que los “vientres de alquiler” son ilegales en nuestro país. Sin embargo, a la hora de abordar la cuestión hay que considerar:

  1. Que el interés más necesitado de protección en estos casos es el del neonato.
  2. Por tanto, no puede ser privado de una relación de filiación ni de una familia.
  3. Lo que ha llevado a los Tribunales a admitir la filiación de un hijo engendrado mediante este procedimiento. También las Administraciones Públicas (como la Seguridad Social) han reconocido efectos a la gestación subrogada.

En definitiva, nos encontramos ante una cuestión a la que le falta madurar todavía, tanto a nivel ético como jurídico. Pero se trata de una realidad actual. Por eso son los Tribunales y los órganos administrativos los encargados de ofrecer soluciones ad hoc, quedando pendiente una regulación concreta sobre la materia.

Las diferencias regionales

Otra de las cuestiones sobre la mesa tiene que ver con la diversidad regulatoria a nivel regional. Como hemos dicho, existe el “turismo de fertilidad”, que ya en 2016 atrajo a unas 13.000 pacientes extranjeras. Pero los españoles también viajan a países como Estados Unidos, India o Ucrania para acceder a la subrogación uterina.

Por tanto, las diferencias regionales conllevan la movilidad del paciente, que si no puede encontrar el tratamiento en casa lo busca en el exterior. Cuestión que importa problemáticas inutilizando las prohibiciones. Así, hemos explicado cómo los Tribunales y Administraciones españolas han tenido que dar respuesta a supuestos de maternidad subrogada, por mucho que la cuestión no esté tratada en nuestro ordenamiento.

Pero también existen diferencias a nivel interno. La participación de las Comunidades Autónomas en los programas de reproducción asistida introduce diferencias dentro de nuestro propio Estado.

En definitiva, la reproducción asistida es un campo que, pese a la anticipación y abertura de la legislación española y nuestra posición dominante en el sector, requiere todavía un debate maduro y el desarrollo de leyes efectivas.

Hasta que se den estas circunstancias, la tarea del jurista en este campo se verá dificultada. Lo que no ha impedido que muchos abogados de nuestro país se especialicen en técnicas reproductivas, pues el sector necesita a juristas comprometidos y altamente formados.

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Written by carlos guerrero

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