La CNMV ha puesto a disposición del público un formulario para la autorización de plataformas de financiación participativa (PFP). Más conocidas como plataformas de crowdfunding, estas herramientas son una fuente de financiación muy utilizada para proyectos emergentes en la actualidad.

El crowdfunding o micromecenazgo es una de las principales formas de financiación “alternativas” más utilizadas actualmente. De modo que vamos a exponer sus fundamentos y a resumir la guía de la CNMV.

Qué son las plataformas de financiación participativa (crowdfunding)

La traducción literal de crowdfunding sería algo así como financiación en masa. Y esto define a la perfección la naturaleza de los procesos de financiación mediante micromecenazgo.

Básicamente el promotor del proyecto ofrece su propuesta a un colectivo. La unión en masa de los inversores permite alcanzar importantes volúmenes de capital sin necesidad de que ninguno de los partícipes haya aportado una gran suma de dinero.

Generalmente el promotor incentivará la inversión ofreciendo recompensas a los partícipes. Por ejemplo, podría emitir valores, participaciones sociales, la devolución de un interés o royalties.

El marco jurídico de las plataformas de financiación participativa

Actualmente, las plataformas de crowdfunding se rigen principalmente por la Ley 5/2015, de fomento de la financiación empresarial. Si la plataforma tuviera naturaleza societaria se sometará también:

  • Al Real Decreto Legislativo 1/2010. Es el encargado de refundir la Ley de Sociedades de Capital.
  • Y a la Ley 3/2009. Regula las modificaciones estructurales de la sociedad de capital, como una fusión, escisión o transformación.

Estas normas definen la PFP como una empresa cuya actividad es la puesta en contacto del promotor con una pluralidad de inversores. Sin embargo, quedan excluidas las plataformas que funcionen únicamente en base a donaciones, ventas o préstamos sin intereses.

Funcionamiento de la PFP

Las PFP operan por medio de proyectos de financiación participativa. Sus características son:

  1. Que se dirigen a un colectivo de personas físicas o jurídicas que esperan obtener un rendimiento de su inversión.
  2. Además, los encabezan promotores que solicitan la financiación en su propio nombre.
  3. Por último, el destino del capital recaudado solo puede ser el que se haya anunciado. Además, se limita a los objetivos empresariales, formativos y de consumo, quedando vedadas las actividades financieras.

Tipos de PFP

La Ley de Sociedades de Capital diferencia dos tipos de PFP, dependiendo de la forma en que instrumenten sus proyectos. Se trata de las plataformas:

  • De valores. Se caracterizan por promover proyectos de financiación participativa que se instrumentan en valores representativos de capital, como las obligaciones o acciones. Dentro de esta tipología se diferencia el régimen de las sociedades de responsabilidad limitada, que instrumenta su financiación mediante participaciones de la sociedad.
  • De préstamo. Se trata de plataformas que promueven el proyecto de financiación instrumentándolo en préstamos. Estas plataformas también se conocen como de crowdlending.

La autorización de plataformas de financiación participativa

Para que la CNMV autorice la plataforma y la inscriba en su Registro es necesario:

  1. Presentar la solicitud.
  2. Obtener un informe preceptivo y vinculante (favorable, por tanto) del Banco de España, siempre que la PFP sea de préstamo.

Las solicitudes de autorización se resuelven en un plazo de 6 meses, aunque este puede reducirse a 3 desde el momento en que toda la documentación se haya aportado. El silencio administrativo tendrá carácter desestimatorio.

Además, si en el plazo de 12 meses desde la autorización la PFP no iniciara sus actividades, la autorización de la CNMV caducará.

La solicitud de autorización de la PFP

El formulario de solicitud de autorización de la PFP debe ir encabezado por el nombre de esta. La denominación deberá incluir las siglas “PFP” o el título “plataforma de financiación participativa”. Por supuesto, habrá que incluir una certificación registral negativa de la denominación social propuesta.

A continuación debe señalarse el tipo de PFP y su forma de constitución (nueva o por transformación).

También deberá identificarse al promotor del proyecto de constitución y a una persona de contacto, en su caso.

Por último, habrá que acreditar los requisitos financieros. Estos vienen determinados en el artículo 56 de la Ley 5/2015, que establece que la PFP debe disponer de:

  • Capital íntegramente desembolsado mínimo de 60.000 euros.
  • Seguro, aval u otra garantía con cobertura mínima de 300.000 euros por reclamación de daños y total de 400.000 euros anuales para toda reclamación.
  • Se admite que las anteriores se sustituyan por otra combinación de capital y seguro o garantía que ofrezca un nivel de cobertura equivalente.

Documentos que acompañan a la solicitud de autorización

Además de la certificación registral negativa, la solicitud de autorización debe ir acompañada de:

  • Proyecto de estatutos sociales.
  • Programa de actividades.
  • Descripción de la organización administrativa y contable y los medios técnicos y humanos adecuados.
  • Relación de socios con participación significativa.
  • Relación de administradores, directores generales o asimilados.
  • Reglamento interno de conducta.
  • Descripción de procedimientos de presentación de quejas y reclamaciones y resolución de las mismas.
  • Descripción de procedimientos y sistemas de conducción de los fondos al promotor y de la remuneración a los inversores.

Los administradores y directores generales

En la relación de administradores y directores generales o asimilados no basta con enumerarlos. Habrá que acompañar información detallada sobre la trayectoria y actividad profesional de cada uno, además de una declaración de honorabilidad.

Esto supone declarar, en su caso, si el cargo va a prestar otros servicios a la PFP de manera directa o indirecta. También habrá que indicar si en el desarrollo de su profesión pueden concurrir conflictos de intereses con la PFP.

De hecho, se exige que estos cargos se ocupen por personas “de reconocida honorabilidad empresarial o profesional”. Además, deben tener la experiencia y conocimientos que requiera el ejercicio de sus funciones.

La estructura accionarial

A la hora de señalar a los socios con participación significativa, se entenderá como tal aquella que alcance un mínimo del 10 % del capital o los derechos de voto, siempre que no permita el control de la empresa.

Cuando la acumulación de derechos políticos pueda perjudicar la gestión de la plataforma se puede llegar a suspender la PFP, hasta que se resuelva sobre la existencia de un conflicto de intereses.

La estructura organizativa

Cuando la PFP presente su organización administrativa, contable, recursos los procedimientos de gestión de quejas y reclamaciones y de transmisión de fondos y retribuciones debe hacerlo de manera detallada.

El objetivo es comprobar que la plataforma garantiza el control interno, así como la seguridad, la fiabilidad y la capacidad de sus servicios. Por tanto, la descripción de la estructura organizativa debería incluir:

  • Domicilio social.
  • Organigrama. Debe definir coherentemente y de modo transparente las líneas de responsabilidad internas, así como la plantilla de la plataforma.
  • Organización administrativa y contable.
  • Procesos de control interno.
  • Mecanismos de seguridad.
  • Planes de contingencia.
  • Procedimientos y sistemas de pagos.

Normas de conducta

El último elemento a destacar entre la documentación que debe presentarse junto a la solicitud de autorización son las normas de conducta. Estas deben regirse conforme a los principios de:

  • Neutralidad.
  • Diligencia.
  • Transparencia.
  • Mejor interés de los clientes.

El código de conducta debería recoger, al menos, la regulación de las siguientes obligaciones:

  • Información. Incluye la información general, del proyecto y las adicionales, relativas al porcentaje de financiación o el estado de la participación, por ejemplo. También la información sobre tarifas y los procedimientos de resolución de quejas y reclamaciones.
  • Sobre los promotores y los proyectos. Incluye el régimen de admisión de proyectos y la comprobación de la identidad del promotor.
  • De protección al inversor. Incluye la diferenciación del régimen de los inversores acreditados y los no acreditados, así como los límites de inversión aplicables.

Las normas de conducta deberán configurar un Reglamento Interno de Conducta, que regule los conflictos de interés y el modo de participación de los gestores y empleados de la PFP en las solicitudes de financiación que instrumente esta.

El procedimiento de autorización de Plataformas de Financiación Participativa, por tanto, no es complejo. Sin embargo, requiere la elaboración de un importante volumen de participación. Por eso puede ser recomendable la asesoría de abogados especialistas en el sector.

 

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Written by carlos guerrero

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