¿Sabes cómo funciona la ley de segunda oportunidad? Esta norma ha permitido a miles de particulares y autónomos librarse de sus deudas desde su aprobación en 2015. Adaptando el mecanismo del concurso a las necesidades de las personas naturales, la ley de segunda oportunidad introduce importantes novedades como:

  • El acuerdo extrajudicial de pagos, que facilita la reestructuración de la deuda.
  • La mediación concursal para particulares, que ayuda a tramitar el procedimiento.
  • El beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, que permite cancelar deudas.

Analicemos cómo funciona la ley de segunda oportunidad y el modo en que ha influido en las reglas de juego en lo que a cobro de créditos y Derecho Concursal se refiere.

Bases de la Ley de Segunda Oportunidad

La Ley de Segunda Oportunidad compagina mecanismos de protección de los acreedores, de continuidad del empleo y de justicia social. Así, se trata de una norma compleja, cuya utilización requiere la asistencia de un especialista, pero que deriva en grandes beneficios sociales sin perjudicar demasiado a los acreedores.

Aprobada en el RD 1/2015 y elevada a Ley en la Ley 25/2015, la Ley de la Segunda Oportunidad modificó la forma en que se persiguen los créditos en nuestro ordenamiento jurídico. Trata de este modo de combinar dos intereses sociales:

  1. Garantizar el cobro de los acreedores o, lo que es lo mismo, el tráfico económico.
  2. Facilitar que quien no puede pagar sus deudas pueda volver a empezar de cero.

El carácter ético de este instrumento puede observarse en el propio RD 1/2015, que no solo introdujo la posibilidad de cancelar deudas sino también ciertas medidas de acompañamiento social.

En este sentido, modificó el régimen tributario para ayudar a familias en situación de necesidad. Además, introdujo algunas mejoras en el sistema de la Seguridad Social y garantías a nivel de alquiler social para los colectivos especialmente vulnerables.

Todo ello garantizando que la herramienta no pudiera ser utilizada en fraude de los acreedores. ¿Cómo? Analicemos cómo ha afectado la Ley de Segunda Oportunidad al Derecho crediticio.

El cobro de créditos en el Derecho español y comparado

El artículo 1911 del Código Civil establece el principio de responsabilidad universal. Este principio, compartido por los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno, implica que el deudor debe responder de sus obligaciones con todo su patrimonio, presente y futuro.

Es decir, el hecho de que el deudor atraviese una mala tesitura económica no obsta para que deba responder de sus deudas.

Sin embargo, el Derecho Concursal nació para flexibilizar este régimen cuando la deudora es una empresa. Los motivos son varios:

  1. Si la empresa es insolvente no tiene sentido exigirle el pago de las deudas, ya que al no poder afrontarlas se disolverá y los acreedores perderán su posibilidad de cobro.
  2. Precisamente por ello, tiene más sentido darle la posibilidad de recuperarse económicamente, para recuperar los créditos en la medida de lo posible.
  3. Lo cual tiene un efecto social positivo, pues permite mantener la actividad económica y, por tanto, el nivel de empleo.
  4. Cuestiones que se resuelven bajo el principio par conditio creditorum. Es decir, dado que existen varios acreedores, no cobrará el primero que exija su crédito, sino que lo harán en condiciones más o menos equitativas.

Por tanto, la Ley de Segunda Oportunidad ha permitido extender los principios y beneficios concursales a las situaciones en que el deudor es una persona natural. Así, su principal virtud es que flexibiliza el principio de responsabilidad universal cuando concurren razones de naturaleza ética o social.

Ahora que conocemos su objetivo y espíritu podemos entrar a analizar cómo funciona la ley de segunda oportunidad.

Cómo funciona el mecanismo de segunda oportunidad para particulares

Cuando un particular tiene un nivel de deudas inasumible puede acudir al mecanismo de segunda oportunidad. Para ello deberá cumplir ciertos requisitos:

  1. Ser persona natural.
  2. Y deudor de buena fe.

Cuando se cumplen estos sencillos requisitos, el deudor insolvente tendrá a su alcance la posibilidad de intentar un acuerdo extrajudicial de pagos (AEP). Mediante ese proceso podrá renegociar y reestructurar sus deudas, facilitando su pago.

En caso de no llegar a un acuerdo (y, en ocasiones, sin necesidad de promover el AEP), podrá acudir al procedimiento concursal. Durante el transcurso de esta etapa podrá solicitar el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI), que le permitirá cancelar las deudas impagables.

Todo este procedimiento se encauza en una vía de protección, con el acompañamiento del mediador concursal y la suspensión de ejecuciones sobre el patrimonio.

El acuerdo extrajudicial de pagos

Para poder solicitar el acuerdo extrajudicial de pagos es necesario que el deudor cumpla ciertas características:

  1. Estar en situación de insolvencia, pero con deudas no superiores a 5 millones de euros.
  2. No haber sido condenado por ciertos delitos socioeconómicos en los últimos 10 años.
  3. Ni haber recurrido a la segunda oportunidad en los últimos 5 años.

Una vez solicitada la iniciación del procedimiento se procederá a la designación del mediador concursal. Además, se detendrá el devengo de intereses y se paralizarán las eventuales ejecuciones.

Durante este trámite se podrán establecer quitas y esperas, así como transformar el crédito y entregar bienes en pago o para pago. En el caso de no llegar a ningún acuerdo, el propio mediador concursal solicitará la apertura del concurso.

El beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho

Una de las aportaciones clave de la Ley de Segunda Oportunidad es el BEPI. Este mecanismo permite cancelar aquellas deudas que el insolvente no vaya a poder afrontar.

Para acogerse al BEPI el deudor debe cumplir los requisitos que ya hemos comentado. Además, dependiendo de la modalidad de exoneración deberá cumplir otros requisitos adicionales.

Exoneración definitiva

La exoneración definitiva es aquella que tiene efectos de forma inmediata.

Requiere que el deudor haya pagado todos los créditos contra la masa y los concursales privilegiados. Además, tendrá que haber intentado un AEP o pagado el 25 % de los créditos concursales ordinarios.

Exoneración provisional

En este caso, la exoneración está subordinada al cumplimiento de un plan de pagos. Sus requisitos particulares serán:

  • Aceptación del plan de pagos y de la publicación del beneficio en el Registro Concursal durante el plazo de 5 años.
  • No haber incumplido sus obligaciones concursales, ni obtenido el BEPI en los últimos 10 años, ni rechazado una oferta de empleo adecuada en los últimos 4 años.

Nótese que el plan de pagos puede introducir quitas y esperas que, además, pueden afectar a los créditos públicos (STS n.º 381/2019) como las deudas con la AEAT o la SS.

Exoneración potestativa

En determinadas ocasiones (por ejemplo, ante un incumplimiento justificado del plan de pagos) el Juez concursal puede ordenar la exoneración. Se trata de una vía de cancelación de deudas más insegura, al depender del criterio judicial. Pero también está contemplada en la Ley de Segunda Oportunidad.

La efectividad de la Ley de Segunda Oportunidad

Ahora ya sabes cómo funciona la Ley de Segunda Oportunidad, pero… ¿realmente es operativa? La respuesta es que sí.

Se trata de una norma que va moldeándose poco a poco por la jurisprudencia, que cada vez acumula más pronunciamientos favorables a las personas que se acogen a ella. Si quieres conocer casos de éxito de la Ley de Segunda Oportunidad o saber cómo acogerte a ella o cuánto cuesta hacerlo, no tienes más que contactar conmigo.

 

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Written by carlos guerrero

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